¿Es suficiente la prevención y sanción que existe en nuestro país para el delito de Grooming?

Por Paulina Belmar Urrutia (Egresada de Derecho Universidad Autónoma de Chile).

Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones cobran especial relevancia en el nacimiento de tipologías de delitos que habrían sido inconcebibles hace 30 años atrás, unos de estos injustos es el llamado acoso cibernético o mejor conocido como “grooming”, este fenómeno, tiene vital importancia al involucrar la participación de menores de edad, y necesita de un compromiso a nivel de sociedad y justicia para su correcta punibilidad.

Fernandez señala como definición de grooming “Cualquier acción que tenga por objetivo minar y socavar moral y psicológicamente a una persona, con el fin de conseguir su control a nivel emocional. Suele producirse a través de servicios de chat y mensajería instantánea, para obtener imágenes de contenido erótico y extorsionar a la víctima, dificultando que ésta pueda salir o protegerse en esa relación”. Usualmente el sujeto activo se tratará de un adulto, quien buscará aprovecharse de jóvenes haciéndose pasar por alguien de la misma edad, para que éstos consientan en realizar actos de connotación sexual frente a una cámara, en consecuencia,  el material obtenido por el victimario podrá utilizarse con fines de extorsión, o bien, para concretar encuentros fuera del ámbito virtual.

Bajo aquella premisa, las consecuencias del grooming son encuadradas dentro del abuso sexual impropio tipificado en el art. 366 quáter del código penal, indicando, además, que, en la comisión de cualquiera de los delitos descritos en aquel artículo, el autor falseare su identidad o edad, se aumentará la pena en un grado.

Este delito no provee resultados inmediatos para quien lo comete, sino que se vale de todo un proceso en el que se produce un vínculo de confianza entre la víctima y el acosador. El menor, debido a su escasa experiencia por su corta edad, es manipulado para que los actos se queden contenidos en la esfera de la intimidad y secretismo, evitando que comunique los hechos a sus redes de apoyo. Una vez cimentada la confianza, el abusador inicia pequeñas conversaciones con connotación sexual, en las que muchas veces ofrecerá regalos como recompensa.

Si bien Chile es considerado uno de los países con mayor severidad a la hora de sancionar el delito de grooming, de igual manera, existe poca efectividad tanto en su prevención como en su sanción. Primeramente, la educación afectivo-sexual presente para los jóvenes es deficiente, a quienes suelen castigárseles por realizar determinadas conductas antes que brindarles el conocimiento suficiente para discernir entre comportamientos apropiados e inapropiados, asimismo, se vislumbra una falta de formación tanto para adultos como para los menores de edad en un uso seguro y responsable de las herramientas digitales disponibles para evitar su desprotección e indefensión ante su exposición continua en internet.

En cuanto a su sanción, la Ley 20.526 contiene falencias que deben ser corregidas, a modo de ejemplo, la falta de penalidad a los encuentros concertados entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. El legislador, al omitir la sanción de esta conducta, no le da la relevancia correspondiente a lo que es realizar un acto preparatorio conducente para la perpetración de una conducta delictiva, omitiendo la gravedad de mantener conversaciones con menores de edad mediante el falseamiento de la identidad.

La hipótesis de sancionar los actos preparatorios es bien tratada por los autores Abarca y Conde al indicar: “Estos actos preparatorios tienen una finalidad propia y clara, la cual es cometer un delito y todos los hechos que se realicen antes deberían estar concretamente tipificados como parte de los actos preparatorios para la realización del denominado grooming, para que así a la hora que los jueces tengan que sentenciar, lo hagan en base a leyes concretas y lo más importante que sean completas y que contemplen las diversas posibilidades de las acciones y actos que pueden cometer los acosadores para la concreción del delito de grooming y ciberacoso.”

En la línea de la sanción, los imputados son detenidos bajo el cargo de almacenamiento de material pornográfico infantil, lo que tiene una pena que va entre los 541 días hasta los tres años y un día de cárcel, pero que termina en una pena remitida con firma mensual, arraigo nacional y alguna medida compensatoria para la víctima, lo que provoca que la sociedad mantenga una total desconfianza en el funcionamiento del aparato jurisdiccional al no aplicarse la pena que existe para el delito cometido.

Finalmente, la falta de una normativa común a nivel internacional es otra problemática presente, ya que atendido a la calidad del delito que nos convoca, reconocemos que el espacio virtual en las redes es un arma de doble filo para quienes son usuarios de esta, lo que hace necesario la combinación entre preceptos de índole informático (como una futura norma que reemplace la ya existente y acotada Ley 19.223 que tipifica figuras penales relativas a la informática) con otros preceptos dedicados a la protección de la indemnidad sexual de los menores y adolescentes, haciendo necesario un estudio extensivo relacionado a las conductas de riesgo asociados a los indicadores de Grooming, para la creación de programas que permitan su prevención y la reparación a las víctimas, si es el caso.

Bibliografía

1. Fernandez, Clara (2011) “El acoso telemático en menores: Ciberacoso y grooming”.

2. Abarca, Patricio; Conde, Sofia (2019) “Child Grooming y la ley N° 20.526 que crea el delito de grooming en la legislación chilena”.

3. De Santisteban, P., y Gámez-Guadix (2017). “Estrategias de persuasión en grooming online de menores: Un análisis cualitativo con agresores en prisión”.

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