Por Juan Andrés Caro Monrroy (Estudiante de Derecho, Universidad de Concepción)

En Chile estamos presenciando uno de los fenómenos sociales más importantes del siglo, el llamado “Estallido Social” o “Revolución de los 30 pesos”. Ante la magnitud de las movilizaciones la mayoría de los parlamentarios acordaron presentar el denominado “Acuerdo por la paz” iniciativa que busca promover nueva Constitución Política de la República a través de un plebiscito, propuesta que en principio ha tenido una gran recepción en los distintos círculos sociales, por lo que la discusión de necesitar o no una nueva Carta Fundamental pareciera tener una respuesta a ojos cerrado, ya que a primera vista sería la panacea para todos nuestros problemas, afirmación más que errónea a mí gusto.

Estamos de acuerdo, y es importante destacar, que no es menor pretender cambiar la Carta Magna que rige la estructura de nuestro sistema estableciendo las bases de la institucionalidad, la nacionalidad y ciudadanía, los derechos y deberes constitucionales y los distintos órganos que funcionan a nivel nacional. También es imperioso precisar que este cambio no tiene antecedentes en nuestro país, ya que el proceso contempla dos mecanismos para su elaboración, que deberán elegirse en el mismo plebiscito, la convención constituyente o la convención mixta, en ambos  la participación de representantes directos de la población como respuesta a la crisis de legitimidad de los parlamentarios. Diferente a la elaboración de las anteriores Constituciones que han regido en Chile, siendo estas creadas a expensas de las opiniones de la población y tratadas por un grupo selecto de juristas y políticos sin canalizar nunca las demandas sociales.

Ahora bien, planteo algunos aspectos con el fin de desmitificar esta sensación de que con una nueva Constitución todos nuestros problemas y los de nuestros nietos estarían resueltos. Al escuchar en las marchas y ver las paredes pintadas, pareciera ser que una nueva regulación además de ser solo una de todo el catálogo de exigencias sociales, no era siquiera la más prioritarias a diferencia de aquellas que se refieren a las pensiones, el funcionamiento del sistema público, la discriminación, sueldo mínimo, la protección del medio ambiente y la extinción del Servicio Nacional del Menor, SENAME. Lo paradójico de esto es que ninguna de las materias antes enunciadas se regula en la actual Constitución y es que ésta por excelencia regula ámbitos más elementales en una sociedad estableciendo instituciones, consagrando principios, reconociendo derechos fundamentales, o sea, regulando aspectos generales. La regulación de la mayoría de las demandas sociales se encuentra en los distintos tipos de leyes, correspondiendo al órgano legislativo, el Congreso Nacional de Chile, esta labor de promulgar y publicar los proyectos de ley. 

Recordemos que Chile al ser un Estado de Derecho, está sujeto a un cuerpo jerarquizado de normas, teniendo como cúspide la Constitución Política de la República, seguido por todo un ordenamiento jurídico compuesto por los distintos tipos de leyes, tratados internacionales, decretos, reglamentos, ordenanzas, etc. Y que por nuestro sistema romanista y la mala costumbre de nuestro constituyente de delegar muchas materias al legislador, es imposible pensar en quitar todo este aparataje normativo que sostiene al Estado y que no tendrá consecuencias perjudiciales. Hago este alcance para aclarar brevemente este mal usado concepto de “Constitución en hoja en blanco” ya que caemos en el error de creer que será una especie de borrón y cuenta nueva, situación imposible por lo dicho anteriormente y a la vez  por los tratados internacionales que Chile ha ratificado, dándonos un piso mínimo en materia de derechos humanos, comercio y relaciones internacionales. Por esto, lo más sensato sería que una vez promulgado y  publicado este nuevo proyecto se haga un estudio sistemático de aquellas leyes que sean contrarias a la Constitución para ser declaradas inconstitucionales y para posteriormente derogarlas. Trabajo exhaustivo teniendo en consideración la cantidad de normas y el tiempo se necesitaría para hacer toda esta maniobra es que podemos decir que, aún con una nueva Constitución, necesitaremos un par de años antes de que podamos ver cómo todo se acomoda a la nueva Carta Fundamental.

Otro aspecto que nos aleja de esta visión tan utópica, es un problema social que nos involucra directamente como individuos, y es que si reflexionamos un poco, hasta hace un par de meses Chile descansaba en el individualismo y la banalidad, gérmenes que incrementaban exponencialmente. No sabíamos lo que le pasa a la persona que iba a nuestro lado y tampoco queríamos saber porque no era nuestro problema, pareciera ser que lográbamos empatizar más con la morbosidad de la televisión que con cualquier persona, lo que nos volvía un tanto hipócritas. Sin mencionar que cada vez más nos alejamos de nuestros deberes cívico-políticos, volviéndonos actores pasivos frente a las injusticias y los abusos, siendo indiferentes a las crecientes problemáticas sociales, todo esto agravado por el cuestionado modelo neoliberal, el rol de los medios de comunicación y el avance explosivo de la tecnología.

Este malestar que se fue acumulando finalmente estalló un 18 de octubre coloreando los días grises, impregnando a la gente de emociones para manifestar su cansancio del sistema político socio-económico y exigir un cambio. Hoy día la ciudadanía debe ser un agente activo en los cambios, promoviendo iniciativas sociales, fiscalizando las actividades de las autoridades y velar que el individualismo y la sumisión no sean parte de nosotros, siendo nuestra participación imprescindible para un Chile mejor.

Por último, no es menos cierto que una Constitución es un avance tremendamente significativo, siendo el instrumento idóneo para establecer asentamientos que nos permitan presenciar un cambio estructural en el sistema. Pero está lejos de ser nuestra piedra filosofal, quedando muchos problemas y aspectos a considerar, como los aludidos en este artículo y otros muchos pudiendo mencionar a las vulneraciones sistemáticas de los agentes del estado, la  corrupción institucional, la existencia de Administradoras de Fondo de Pensiones. Por ello es que espero que este proceso constituyente se lleve a cabo de la manera más eficaz y colectiva posible, que la convención constituyente o mixta esté a la altura para poder discutir y avanzar en materiales constitucionales y que sigan presentándose avances legislativos y sociales hasta que las injusticias sociales se terminen o hasta que la dignidad se haga costumbre.

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