Entrevista al profesor Francisco Pastén sobre La crisis de la ética de la profesión jurídica.

Abogado PUCV (licenciatura y magíster), con 27 años de ejercicio profesional, tanto en el sector público (Consejo de Defensa del Estado), como en el privado; Profesor de la Cátedra de Ética Profesional en Derecho PUCV ; Consejero del Colegio de Abogados de Valparaíso en el lapso 2011-2019.

Durante los últimos meces hemos sido testigos de cada vez más extendidos cuestionamientos acerca de la ética en el ejercicio de la profesión legal. Esto, especialmente a raíz del polémico caso del abogado Luis Hermosilla, acusado por delitos de lavado de activos, soborno de funcionarios públicos, y más. Esta situación ha traído de vuelta a la discusión pública las posibilidades de establecer o reformar el régimen de control ético de los abogados. En ese sentido, hemos querido entrevistar al profesor de la Cátedra de Ética Profesional de la Facultad de Derecho de la PUCV, Francisco Pastén Ramos, sobre la ética profesional del abogado y un eventual control ético de la profesión:

A su juicio ¿Cuáles son los factores o en qué contextos se tensiona de manera más determinante el actuar ético de los abogados?

De acuerdo con mi experiencia, tanto en el servicio público como en el ejercicio privado de la profesión, estimo que esa mayor “tensión ética” se genera en los casos en que los abogados advierten que, saltándose la norma o incurriendo en la conducta no debida, por ejemplo, utilizar la influencia personal que pueden tener sobre una autoridad, logran un beneficio mayor para su propio interés o el del cliente. En esa disyuntiva, por sobre la conducta apegada a las exigencias éticas de la profesión, en algunos casos, se imponen las ansias de beneficiarse del supuesto poder que detentan ante una situación determinada y las de ganar, siempre, a toda costa. 

¿Cree usted que la disposición de un abogado de faltar a su ética profesional podría significarle una ventaja competitiva en el mercado de los servicios jurídicos?

Creo que no es así. Si un cliente contrata a un abogado en atención a que, ese profesional, tiene cierta fama por una especial tendencia a desconocer las normas éticas en su actuación, en realidad, está tomando una pésima decisión y asumiendo un gran riesgo pues, muchas veces, las infracciones éticas van unidas a un ilícito, penal o administrativo, que, finalmente, lo va a perjudicar, tal como lo podemos observar, hoy en día, en los casos que han llegado a la opinión pública.

¿Existen actualmente mecanismos que permitan ejercer un control ético sobre los abogados?

Sí, los mecanismos existen, pero, su real eficacia es bastante dudosa  pues, por una parte, están los abogados sujetos al control de sus pares en el contexto del colegio profesional al cual, voluntariamente, se incorporaron y, por otra, la inmensa mayoría, los abogados que no están colegiados que, en el ámbito de su control ético, sujetos a los tribunales ordinarios de justicia. En ambos casos, además, la tuición ética se ejerce en la medida que exista un tercero -normalmente un cliente- que así lo pretenda, es decir, salvo situaciones de excepción, no hay una actuación de oficio. Además, está el problema sobre la falta de claridad en cuanto a cuál es la normativa y sanciones a que los abogados estamos expuestos pues, a la vez, coexisten el Código de Ética Profesional de 1948, con sus modificaciones posteriores; el Código de Ética Profesional del año 2011 del llamado “Colegio de Abogado de Chile” que, en realidad,  solo rige a quienes forman parte del Colegio de Abogado de Santiago e, incluso, la Ley 4.409, del año 1928 que, según algunos fallos, estaría vigente en cuanto a las sanciones que en ella ese contemplaban y que podrían ser aplicadas tratándose de profesionales no colegiados.

¿Qué opinión le merece el debate sobre restaurar la colegiatura obligatoria de los abogados? ¿Considera usted que sería una oportunidad para avanzar en cuanto al control ético de la profesión?

R. Restaurar la colegiatura obligatoria es una opción válida, pero, no implica, necesariamente, avanzar en el control ético de la profesión pues esto va a depender de lo que haga cada colegio de abogados y de las competencias que se le reconozcan. No se debe olvidar que, actualmente, en Chile existen cerca de 20 colegios de nuestra orden y, además en tanto se trata de asociaciones gremiales, basta con que un grupo de interesados se organice y cumpla con los requisitos que la respectiva ley impone para formar uno nuevo.     

Hay quienes señalan que el aumento explosivo en las universidades que ofrecen la carrera de Derecho es una factor que puede haber influenciado en la denominada crisis de ética en laprofesión ¿Está usted de acuerdo con esta observación, o es una cuestión independiente? ‘

Estoy convencido de que el acceso tan masivo a la educación superior, en este caso, a las escuelas de derecho, es un factor que influye en la consciencia ética que los futuros abogados deben desarrollar para el ejercicio profesional. Pienso que, junto con enseñar Derecho, las Escuelas deben dar importancia, también, al cómo se ejerce nuestra profesión  Existen algunas en donde no se imparte la Cátedra de Ética Profesional o, si se hace, se enfoca de una muy manera muy liviana y, casi, para cumplir con un requisito. Sin embargo, creo que el tema es más amplio y se relaciona, en general, con la crisis valórica que se advierte en la sociedad actual, en donde la acumulación de riquezas y poder, al igual que el ascenso social a cualquier costo son, para muchos, fines válidos y loables, en sí mismos.   

En su opinión ¿Qué mecanismos podrían resultar más adecuados para ejecer el control ético de la profesión?

Personalmente, creo que se debe avanzar hacia un sistema en que todos los abogados del país, para ejercer la profesión, deban cumplir con el requisito de incorporarse a un colegio profesional al cual corresponda su tuición ética, pero, para ello, es necesario que se limite la posibilidad de generar nuevos colegios y se tenga claridad sobre la normativa a la cual estarán sujetos. Como entiendo que esta colegiatura obligatoria puede ser tildada de inconstitucional, también me parece una buena opción la que contenía el proyecto que ley que se presentó en el año 2009 en el sentido que, junto con la existencia de un registro único obligatorio de profesionales, contemplaba tribunales especiales, a nivel regional, para conocer de las denuncias por infracciones éticas, no solo de los abogados, sino de todas las profesiones, cuya composición variaba según la especialidad del caso.  

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