El sistema de justicia penal en Chile ha sido objeto de constantes debates y reformas con el objetivo de mejorar su eficiencia y garantizar el respeto de los derechos humanos. Estando ad portas de los 24 años desde la publicación de la Ley N° 19.696 que Establece el nuevo Código Procesal Penal, actualmente en el Congreso se está discutiendo un proyecto de ley que propone la creación de nuevos tribunales de ejecución de penas,  función que actualmente radica en los Juzgados de Garantía.

El texto modifica el Código Procesal Penal (CPP), en materia de aplicación de penas privativas de libertad y fija un nuevo procedimiento especializado para la resolución de solicitudes y revocación de beneficios como la libertad condicional.

A través de esta iniciativa, se crean 14 tribunales de ejecución de penas y medidas de seguridad en las comunas de Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, San Miguel, Colina y Santiago. Estos contarán con 22 magistrados y 108 funcionarios, a los que se suman otros nuevos cinco jueces de garantía. Para ahondar en este tema, hemos desarrollado la siguiente entrevista con el fin de conocer la opinión de la Academia al respecto.

¿Cuál es su opinión sobre la necesidad de crear nuevos tribunales de ejecucción penal en Chile? ¿Podría resolverse creando mas Juzgados de Garantía?

La necesidad de crear estos tribunales es evidente. Es un problema que debió abordarse muchísimo tiempo antes, años antes. Las dificultades se concretan en numerosas dimensiones, partiendo porque no existe hoy una ley de ejecución penal, lo que se traduce en una regulación infra legal compuesta de numerosos decretos y reglamentos que se han ido dictando y modificando con el paso del tiempo, sin generar una respuesta orgánica y sistemática a la etapa de ejecución de las penas, sumado a la falta de control judicial. En consecuencia hoy se discute si se trata de problemas penales o meramente administrativos.

¿Qué rol cumple Gendarmería dentro del proyecto? ¿Se debería complementar con una Ley Orgánica de Gendarmería?

En el estado actual de la discusión las funciones que cumplirá Gendarmería son más o menos similares a las actuales. Actualmente Gendarmería de Chile cuenta con un estatuto que contiene principios relevantes, como la resocialización. Más que una modificación a su ley orgánica creo que sería relevante dotar de más recursos para que cumpla sus objetivos e introducir reglas en el proyecto de ley que permitan controlar de mejor forma su actuar, sumado a un aumento de dotación y mejor capacitación de su personal.

¿La creación de estos tribunales contribuirá a mejorar la reinserción social de las personas condenadas, así como también la eficiencia del sistema procesal penal?

Debiera propender a ello, sin embargo la resocialización debe empujarse, primero desde Gendarmería de Chile y, luego, de todos los órganos del Estado, pues los recintos penitenciarios son reproductores de marginalidad entre generaciones de familias, es decir, es más probable que una persona que esté condenada en la cárcel herede su condición a sus hijos. Ello no solo puede cambiarse por la ejecución a cargo del control. Es un problema de Estado.

¿Cuáles podrían ser los posibles desafíos o dificultades en la implementación de estos tribunales?

Se visualizan varios desafíos. Lo primero es cultural, dejar de ver al derecho penitenciario como derecho administrativo por parte de los operadores del sistema. Lo segundo son los recursos para la implementación gradual de la ley. Sumado a la mejora integral que requieren los centros penitenciarios para alcanzar un mínimo de condiciones de salubridad.

¿Qué aspectos del sistema actual de ejecución penal considera que necesitan ser mejorados? ¿Qué medidas adicionales considera necesarios para garantizar el éxito de esta iniciativa legislativa en términos de justicia penal y derecho humanos?

El desafío es enorme, pues tal como dan cuenta los informes de distintos organismos especializados, como la Fiscal Judicial, el INDH y el Comité para la prevención de la tortura, las cárceles chilenas, en su mayoría, no cuentan con condiciones mínimas de salubridad, habitabilidad. La resocialización parece un imposible cuando no permites que las personas tengan condiciones básicas de convivencia civilizada. Entonces este proyecto será un avance pues permitirá al poder judicial controlar lo que ocurre en el cumplimiento de las penas, pero por sí solo no pemitirá mejorar la situación. Como dije anteriormente se requiere una decidida intervención del Estado para cambiar las condiciones estructurales de los centros penitenciarios, lo que podría eventualmente traer consigo más seguridad al interior de los centros y para toda la comunidad.