Por Alison Arias Cabrera. (Universidad Andrés Bello).

Los recientes acontecimientos catastróficos vividos en la quinta región durante este verano han traído a la palestra social y política una discusión que ha venido arrastrándose desde años y que hoy está más vigente que nunca.  La imposibilidad de implementar por los órganos correspondientes un sistema de prevención y reacción frente a incendios y otros fenómenos de la misma envergadura han dejado más de 130 muertos, miles de familias damnificadas y un número aún desconocido a ciencia cierta de desaparecidos; por ello, es de gran relevancia conocer los avances y preguntarnos cómo ha evolucionado a lo largo de los años las diversas instituciones encargadas de regular y actuar en dichas situaciones.

Un primer acercamiento a la problemática viene dado por los acontecimientos vividos el 27 de febrero de 2010, donde luego de un terremoto de 8.8 MW se desencadenaron múltiples sucesos entre ellos un tsunami en las costas chilenas dejando miles de víctimas^[1]; respecto a estos, es donde se conoce por primera vez a gran escala la deficiencia administrativa para enfrentar catástrofes naturales, puesto que el órgano correspondiente en ese entonces (ONEMI) no fue capaz de advertir a la población de la inminente desgracia. Años después, se irían consagrando otros precedentes que se encargarían de probar y confirmar la evidente incapacidad de implementar un sistema de organización, como por ejemplo el alza de incendios en distintas regiones del país. A pesar de ello, es importante mencionar los continuos intentos de controlar la problemática a través de la implementación de normas, en concreto a través de la entrada en vigor de la ley 21.402 del año 2021, que buscaba agravar las penas para delitos de incendio en el Código Penal^[2]. Si bien dicha regulación traería consigo establecer seguridad a la ciudadanía frente a los delitos de este calibre y un riguroso actuar por parte de la autoridad, queda a simple vista que la propuesta no fue un cambio significativo por los evidentes y continuos sucesos ocurridos estos últimos meses, que han ocupado gran parte de la agenda política del gobierno de turno. Asimismo, la ambigua regulación respecto a los fenómenos provocados por las propias condiciones climáticas, sin intervención directa del hombre, deja al descubierto que es del todo imposible que con la sola actualización de la norma sea posible controlar y sistematizar un asunto tan relevante.  

Hoy es urgente y de vital importancia un rápido actuar por la autoridad, lo que ha sido manifestado a través de diversos comunicados políticos, sociales y de manera concreta por el órgano legislativo a través del proyecto de ley de incendios forestales y rurales que busca prevenir incendios en las zonas que suelen ser las más afectadas a través del fortalecimiento de regulación y coordinación territorial^[3].  Estas continuas insistencias de instaurar una nueva reglamentación nos dan la seguridad de sostener que es indiscutible y totalmente necesario un cambio más profundo a nivel casi orgánico en las instituciones correspondientes para que pueda existir la posibilidad de por fin responder correctamente frente a cualquier imprevisto en el país, lo que no se ha podido poner en práctica a través de la actualización de las normas vigentes o mediante la creación de un nuevo cuerpo normativo que establezca normas estrictas respecto a los incendios provocados por el ser humano.

A mi juicio, es claro el desconocimiento de las autoridades en estas materias, generando la imposible misión de solucionar rápidamente un problema arraigado en la sociedad a través de la creación de normas sin un sistema de aplicación apto e idóneo para la labor que cumplirá y que, por sí misma, deja miles de incertidumbres y abre varias incógnitas desprendidas del análisis de una situación en concreto. Por lo tanto, es fundamental abordar estos desafíos de manera integral para proteger tanto a la población como para evitar las eventuales consecuencias de una mala gestión política imposible de prevenir. Fortalecer la prevención de manera correcta no debería requerir la criminalización de conductas a través de penalizaciones indecorosas, sin considerar los posibles inconvenientes relacionados con la vulneración de los derechos humanos de los formalizados. En lugar de ello, se debería priorizar la reinserción y la educación de las personas, ya que con lo vivido se revela que la sociedad chilena tiene una clara tendencia a la indiferencia de las problemáticas climáticas vigentes, consecuencia directa de la desconexión política y social. Esta hipótesis, a la larga, podría concretarse y llevar a nuestro país a una decadencia en materias económicas y sociales, siendo ello imposible de evitar por las inexistentes herramientas para contrarrestar los acaecimientos en nuestro país.

Referencia

^[1] Vid a este respecto: Terremoto 27F – Emergencia y desastre. (s. f.). https://emergenciaydesastres.mineduc.cl/terremoto-27f/ [Sitio visitado el 12 de mayo a las 20:00 horas].

^[2] Vid a este respecto: Biblioteca del Congreso Nacional. (2021, 24 diciembre). Biblioteca del Congreso Nacional. www.bcn.cl/leychile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1170463&idParte=10296200&idVersion=2021-12-24 [Sitio visitado el 12 de mayo a las 20:00 horas].

^[3] Vid a este respecto: Gobierno de Chile (2024, 29 febrero). Ley de Incendios Forestales y Rurales da importante paso: estos son sus alcances. Gob.cl. https://www.gob.cl/noticias/ley-de-incendios-forestales-y-rurales-da-importante-paso-estos-son-sus-alcances/ [Sitio visitado el 12 de mayo a las 20:00 horas].