Por Kevin I. Seals Alfaro (Egresado en Derecho y Minor en Ciencias Políticas UAI, Diplomado en Derecho de Familia e Infancia UNAB, Ayte. de Investigación en la Academia de Derecho Civil UDP).

La prudencia aconseja que a mayor distancia temporal entre los hechos y la reflexión, mejor es el análisis. Quizá sea cierto, pero dudo que yo pueda tener buen juicio sí, indirectamente, tengo conflictos de intereses. Con todo, me aventuro con lo que sigue. 

Junio finaliza con la polémica – muy al estilo de nuestra profesión – en la  sección Legal de El Mercurio. Se trata de un verdadero intercambio epistolar entre los miembros de la comunidad jurídica en sus distintos niveles de la profesión, luego de que la egresada Esperanza Berardi recendiese, con su Carta al Director, el cuestionamiento sobre los “tóxicos” efectos intrapersonales que, en parte, le son inherentes al Examen de Grado. Recordemos que cada temporada el Examen de Licenciatura  se vuelve blanco de tiro según sean las susceptibilidades del momento. Lo polémico, sin embargo, no fueron sus declaraciones, sino las posiciones editoriales del Ministro de la Corte Suprema don Carlos Künsemüller y del profesor don Rodrigo Pablo Pérez; declaraciones cuyo tenor nacen del orgullo poco moderado de quienes han alcanzado lugares de consideración dentro del gremio, la magistratura y la cátedra. Y son estos comentarios los que articularon una artificiosa polémica, toda vez que en razón de ellas devienen una serie de cartas en respuesta  – no es menor que en una adhieren 23 abogados y abogadas con 20 años de ejercicio de la profesión y manifestasen su apoyo a la Srta. Berardi -, transitando de la descalificación a la  reflexión pragmática. 

A la fecha comparto la misma calidad académica de Berardi, soy Egresado y me encuentro preparando el Grado. 

En el argumento de Berardi existe verdad práctica y que no fue tomada con seriedad, pues,  desde la dimensión laboral del mercado de los servicios jurídicos,  sin el examen de grado “no valemos nada”; se nos desplaza, incluso, por profesiones ajenas a las Ciencias Jurídicas. He aquí lo delicado de nuestra condición, se nos desconocen los años de rendimiento académico durante el pregrado y las instancias académicas de ayudantes o procuradores – en el caso de quienes hicieron uso de su ius postulandi -; sólo se nos considera si damos el grado. Examen que, por cierto, es requisito indispensable para la obtención de la Licenciatura por parte de la Universidad. Con todo, sin embargo, algunas Facultades y Escuelas han hecho el esfuerzo por extender una certificación académica a los egresados, pero son las menos. 

En lo personal, he tenido que practicar la tolerancia a la frustración al tener barreras de ingreso al mundo laboral (postulando como pasante o procurador) por no tener la Licenciatura, preguntándome sí de verdad valió la pena ir construyendo una cercanía con lo académico durante el pregrado. Pocas veces me jacto pero, hasta donde recuerdo sigo siendo Ayudante de Investigación de doña Leonor Etcheberry en la Academia de Derecho Civil UDP y columnista estable en varias revistas, y no ha sido, precisamente,  por mi carisma – del cual carezco – . Algo tendré que saber sí a mis 25 años he llegado a ciertos puestos de “privilegios”. 

Errado sería desconocer la necesidad de un instrumento de alta complejidad que mida las competencias para extender la Licenciatura universitaria, así, también, de otro para evaluar las habilidades requeridas para el ejercicio de la profesión. En el actual diseño, cada casa de estudios que oferta la Licenciatura de Derecho debe tomar sus propios Exámenes de Licenciatura, sean estos un examen propiamente tal o la presentación y defensa de tesis; y la Corte Suprema, previa obtención del grado universitario y la práctica obligatoria de seis meses, supervisada por la CAJ, extiende el título de abogado. 

El examen de grado más que un trámite formal es sustancial, un filtro adicional y muchas veces una atadura de aspiraciones profesionales. Filtro, pues termina por ser el “segundo coladero” dentro de pregrado una vez que se ha cumplido con los requisitos de aprobación de todas las cátedras comunes y de especialidad; y atadura de aspiraciones, en los términos que he venido desarrollando, haciendo que pierda toda utilidad la extensión (en ocasiones pomposa) del ius postulandi. Y estas situaciones en parte, son justificadas sí miramos que a la fecha existen 42 Escuelas y Facultades en todo el pais y cada una de ella tiene sus propios métodos y estándares de evaluación. En este sentido, el examen de grado es un buen instrumento para suplir las deficiencias de las múltiples formas de enseñar Derecho. Sin embargo, honesto sería, en cambio, reconocer ésta situación y  reestructurar técnica y valorativamente los grados académicos (técnico, bachiller y la licenciatura) que los distintos centros de educación superior ofertan, los cuales por cierto tienen una orientación mercantilista, muy propio del modelo de mercado que existe en la educación superior. Restituyamos el verdadero significado a una carrera universitaria. 

A nivel práctico, tenemos que ser realistas con la situación del mercado laboral ¿Qué sentido tendría forzar a un egresado a rendir el examen para que se le reconozca su valor en el mercado, toda vez que sin la licenciatura y el título de abogado no garantiza nada? Añado, además, que  la cifra de abogados en el ejercicio de la profesión es grosera ¿Qué pasa con aquellos que teniendo vocación y aptitudes por seguir una carrera académica y de investigación, pues aún ahí es exigido el título de abogado? ¿acaso tener el título de abogado es en sí mismo garantía de calidad o prestigio? En mi concepto, no necesariamente. Al igual que todo orden de cosas, en la práctica las competencias se distribuyen como en la campana de Gauss. 

Quizás repensar en otros mecanismos habilitantes para la obtención de la Licenciatura, no prive de “prestigio” a nuestra profesión. Así, reestructurar lo que se conoce como “Proyecto de Título” o Tesis de Licenciatura puede cumplir de igual manera lo que se busca con el examen de grado: dar cuenta de la calidad media en  formación y conocimientos comunes. No seré condescendiente omitiendo el hecho de que hay compañeros que lamentablemente no saben de las nuevas corrientes del Derecho, quedándose sólo con las posturas tradicionales o incluso una exposición somera de los contenidos necesarios, más ello no es responsabilidad de ellos, sino de sus casas de estudios.   

En el fondo, sí fuese el Grado un verdadero requisito indispensable para la obtención de la Licenciatura, con toda la carga valórica y técnica que ella implica,  bueno, en mi experiencia, entonces, no es un buen filtro para entregar tanto al mercado como a la República, buenos custodios y profesionales que conocen de los valores que el Derecho y toda su sistematización milenaria, desde los tiempos de  Roma hasta cuantos ismos existen hasta hoy, ha construido.