Entrevista a profesora Magdalena Prieto

Magdalena Prieto, abogada PUCV y Profesora de Derecho Administrativo de la misma casa de estudios

En el último tiempo la preocupación por el cambio climático y la protección del Medio Ambiente se ha incrementado notablemente; el Derecho no ha sido ajeno a esta realidad. En efecto, numerosos esfuerzos tanto a nivel de políticas públicas como privadas han puesto sus focos en la protección y mantención del medio ambiente y el patrimonio medio ambiental.

En este contexto, a nivel legislativo se encuentran tramitando dos proyectos de ley que buscan reforzar la institucionalidad ambiental chilena: el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas (Boletín N° 9404-12 de la Cámara de Diputados, ingresado el 18 de junio de 2014); y el proyecto de ley que sanciona Delitos contra el Medio Ambiente (Boletín N° 9367-12 de la Cámara de Diputados, refundido recientemente con otros proyectos de ley sobre la materia durante este año).

En esta oportunidad, le hemos preguntado a la profesora Magdalena Prieto su opinión respecto de estos dos proyectos de ley y su repercusión:

Actualmente, la institucionalidad medio ambiental chilena se encuentra conformada por el Ministerio del Medio Ambiente, los Tribunales Ambientales, la Superintendencia del Medio Ambiente, y el Servicio de Evaluación Ambiental. Con todo, no existe un servicio orientado a la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad con presencia territorial a nivel nacional. Al respecto, ¿cuál cree que son las razones que explican este vacío?

Las razones son históricas. Cuando en el año 2010 se modifica la institucionalidad ambiental, se prefirió, por un acuerdo político, dejar el SBAP para un proyecto posterior, puesto que este servicio implica extraer competencias de otros órganos y radicarlas en un órgano nuevo, lo cual es bastante complejo. Por eso también se ha demorado tanto tiempo la tramitación de este proyecto de ley.

En razón de lo anterior, ¿cree que el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas (SBAP) constituye un avance en cuanto a la protección y conservación de la biodiversidad y áreas protegidas?; ¿cree que el vacío de la pregunta anterior se colmaría con esta nueva entidad?

Sin duda constituye un avance. La creación de un servicio de estas características permite ordenar el foco de protección, asignar recursos y ejecutar de manera organizada medidas tendientes a la protección de la biodiversidad y las áreas protegidas que, hasta la fecha, se encuentran disgregadas en distintas normas y organismos. Porque no es que haya un vacío en esta materia, en la actualidad existen normas y órganos con las competencias necesarias en biodiversidad y áreas protegidas, pero se encuentran disgregadas, lo que no permite un enfoque coordinado en esta arista de la protección ambiental. Con el SBAP, esto debería mejorar considerablemente.

Respecto al proyecto de ley sobre delitos medioambientales, ¿considera que es necesario o prudente recurrir a la potestad penal como técnica para proteger el Medio Ambiente?

Sí, me parece prudente. De un mismo hecho pueden existir distintos tipos de responsabilidades. En Chile, tenemos bastante regulada la responsabilidad ambiental, sus efectos patrimoniales y la responsabilidad “infraccional”, pero nuestro derecho penal ambiental aún es bastante precario y a ello apunta este proyecto de ley, a fortalecer la regulación en esta materia. Por supuesto que desde la mirada de protección al medio ambiente, lo ideal es no llegar a sancionar penalmente, porque esto significa que hay un daño ambiental de una magnitud importante, pero esto puede tener beneficios preventivos, por ejemplo, el efecto disuasivo que genera la instauración de responsabilidad penal por delitos ambientales, o la inclusión de estos delitos en los modelos de prevención de las personas jurídicas. Todo esto aporta, sin duda, a una mejora en la gestión y protección ambiental.

En relación con lo anterior ¿cree que en estos casos el Derecho Administrativo sancionador pudiese ser más efectivo?

Ni más ni menos efectivo. Me parece que pueden complementarse bastante bien. Por ejemplo, puede darse un daño ambiental o configurarse un delito ambiental sin que necesariamente haya un incumplimiento o infracción sancionable administrativamente o, por el otro lado, podría sancionarse un incumplimiento que no es delito ambiental. Y, en los casos en que concurran ambas responsabilidades, se complementan, tanto porque en ambos casos hay instrumentos que incentivan el cumplimiento y la reparación del medio ambiente, como porque en el derecho administrativo sancionador se contemplan sanciones relevantes para los infractores, que por regla general, serán personas jurídicas y, en el caso de la responsabilidad penal, se contemplan también penas para las personas naturales, como representantes de dichas personas jurídicas, lo cual permite una mayor eficacia en la protección de este bien jurídico ambiental.

En general, ¿cree que estos dos proyectos, en caso de ser aprobados, van a tener un impacto significativo en nuestra institucionalidad ambiental?

Me parece que sí. En el caso del SBAP, es inevitable que un órgano de estas características tenga un impacto en nuestra institucionalidad, así como la tuvo la Conama en la década de los 90 y la institucionalidad actual a partir del año 2010. El SBAP debería venir a mejorar la gestión de las áreas protegidas y los esfuerzos estatales en materia de conservación y protección ambiental, cerrando además un ciclo importante desde la modificación institucional del 2010.

En el caso del proyecto sobre delitos ambientales, más allá de cómo termine el proyecto, porque ha tenido muchas modificaciones en su tramitación, en términos generales me parece que el establecimiento de delitos ambientales debería robustecer la protección ambiental, sin embargo, el nivel de eficacia y de impacto de esta reforma dependerá de los tipos penales y las sanciones que se aprueben finalmente.

Agosto 2019

Por Pablo Venezian