Entrevista a profesora Laura Mayer Lux

Profesora Laura Mayer Lux: “el control preventivo de identidad respecto de menores de edad sólo contribuirá a incrementar el clasismo punitivo imperante en nuestro país”.

Laura Mayer Lux, abogada PUCV, Doctora en Derecho, Universidad de Bonn, Alemania.

Profesora de Derecho Penal, Escuela de Derecho, PUCV.

El proyecto de ley que “fortalece el control de identidad por parte de las policías, así como los mecanismos de control y reclamo ante un ejercicio abusivo o discriminatorio del mismo” (Boletín 12506-25 de 29 de marzo del 2019 de la Cámara de Diputados, en adelante “el proyecto”), establece una serie de modificaciones en orden a aumentar las facultades de la Policía en lo que al control de identidad se refiere, siempre en vistas del resguardo del orden y seguridad pública. 

Entre las varias modificaciones que el proyecto propone modificar, se encuentran el artículo 85 del Código Procesal Penal (CPP) y el artículo 12 de la ley 20.931, referentes al control de identidad. 

En este último caso, se ha propuesto que el control de identidad sea aplicable a menores de edad desde un rango que va desde los 14 años. Este ha sido uno de los puntos del proyecto más controvertidos. 

Al respecto, le queríamos formular algunas preguntas respecto a su opinión sobre ciertos aspectos de este punto: 

El proyecto incluye el control preventivo para menores de edad en el artículo 12 de la ley 20.931 y no el artículo 85 del CPP. Al respecto ¿Qué opinión le parece esta decisión legislativa teniendo en cuenta que la primera norma ha sido cuestionada de inconstitucional? 

A mi juicio, se trata de una decisión incorrecta. Ya lo es tratándose de mayores de 18 años, pues el artículo de la Ley N° 20.931, que regula el control preventivo de identidad, no satisface las exigencias constitucionales que establece el artículo 19 número 7 letra b) de nuestra Carta Fundamental, de acuerdo con el cual, “[n]adie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes”. En la regulación del control preventivo de identidad solo se establece la forma en que puede restringirse la libertad de las personas que son objeto del mismo, no así los casos en que tal restricción procede. Si lo anterior se extiende a menores de edad, estaremos aplicando una norma con vicios de inconstitucionalidad a niños, niñas o adolescentes, que pueden quedar expuestos a las arbitrariedades del funcionario que practica el control en cuestión. 

El proyecto de ley señala que, “tratándose de niños, niñas y adolescentes, el control de identidad se ejercerá con pleno respeto a la Convención sobre los Derechos del Niño y a los demás tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes sobre la materia, considerando un trato que tenga en cuenta su edad, protegiéndolo de toda forma de discriminación o abuso”; sin embargo, la UNICEF declaró que el proyecto en esta materia contraviene los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y de otros tratados internacionales suscritos por Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. ¿Comparte usted esta postura? 

Estoy de acuerdo con la declaración efectuada por la UNICEF en esta materia. Puntualmente, creo que el control preventivo de identidad puede dar lugar actuaciones discriminatorias, así como a injerencias arbitrarias y a afectaciones a la honra de los menores, entre otras vulneraciones de sus derechos, todos los cuales deben ser evitados e incluso sancionados por el Estado chileno en virtud de los instrumentos internacionales relativos a Derechos Humanos que él mismo ha suscrito.  

El proyecto menciona que, en este punto específico, varias legislaciones extranjeras han seguido un mismo camino que el que el Ejecutivo propone, mencionando, entre otras legislaciones que aplican la institucional del control de identidad, la alemana, señalando que este caso también rige desde los 14 años de edad. A su juicio, ¿le parece correcto esta asimilación que hace el ejecutivo? 

Se trata de una asimilación doblemente incorrecta. Por una parte, que otro país (desarrollado) tenga una medida de esta naturaleza no es una razón de peso como para consagrar el control preventivo de identidad respecto de menores de edad. Por otra parte, Alemania es un país mucho menos clasista y segregado que Chile, lo cual también se advierte en la actuación de las policías. En nuestro país, en cambio, existe tanto en la teoría como en la práctica una focalización de la persecución punitiva respecto de ciertos delitos, que suelen ser cometidos por sujetos pertenecientes a clases sociales bajas. Casi podría asegurar que el control preventivo de identidad respecto de menores de edad sólo contribuirá a incrementar el clasismo punitivo imperante en nuestro país.  

Como contrapeso al aumento de las facultades de las Policías, el proyecto de ley señala que se otorgan a las personas una serie de derechos o garantías (v.gr.: deber de identificación del funcionario, prohibición de registro superficial de vestimentas en caso de menores, reducción a media hora del procedimiento, deber de información a la persona controlada del procedimiento de reclamo). A su juicio, ¿son estos verdaderos contrapesos al eventual poder fáctico que adquirirían los funcionarios en el cumplimiento y aplicación del control de identidad?

Se trata de contrapesos que en la práctica no tendrán ningún efecto en relación con los menores de edad controlados. De todos los indicados, probablemente el más relevante sea el de la reducción temporal del procedimiento. Frente a ello, el deber de identificación del funcionario o de informar sobre el procedimiento de reclamo no impedirán la vulneración de los derechos de los menores de edad. 

Finalmente, y en términos generales, ¿cree que este proyecto, en caso de ser aprobado, pueda ser susceptible de ser declarado inconstitucional por lo anteriormente expuesto y/o por algun otro motivo que justifique dicha declaración?

Efectivamente, si se estima que hay una vulneración del artículo 19 número 7 letra b) de la Constitución, como creo es el caso, debería declararse inconstitucional el precepto que lo regula. 

Ahora bien, debe tenerse presente que el Tribunal Constitucional no declaró la inconstitucionalidad respecto de la norma aplicable a mayores de dieciocho años. Eso lleva a dudar respecto del destino que podría tener este asunto tratándose de menores de edad. En este caso podría incidir, en favor de que prospere la declaración de inconstitucionalidad, el segmento etario al que se aplicaría la norma, cuestión que contradice tanto las normas nacionales como internacionales protectoras de la infancia, además de las políticas públicas –incluso planteadas por el propio gobierno– que apuntarían hacia esa misma protección.   

Mayo 2019

Por Esteban Haeger y Nikolai Palaskov