Entrevista a profesor Álvaro Magasich

Profesor Álvaro Magasich: “La reforma perdió una posibilidad en lo relativo a la protección a la tercera edad, sobre todo en lo que es casi un clamor público y que tiene que ver con la posibilidad de desgravar los bienes inmuebles que pertenecen a gente de la tercera edad que tienen un ingreso bastante menguado”.

Abogado PUCV, Doctor en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Barcelona; Magister en Asesoría Fiscal, Universidad de Barcelona; socio del estudio jurídico Magasich y Cía.

Profesor de Derecho Tributario, Escuela de Derecho, PUCV.

El Presidente Sebastián Piñera anunció durante el mes de agosto la firma del proyecto de Ley para Modernizar el Sistema Tributario actual. Dentro de sus objetivos está la integración del sistema de tributación, el perfeccionamiento de las normas anti-elusivas, la equiparación de impuestos entre ventas convencionales y digitales, y la creación de la Defensoría del Contribuyente, cuya misión será velar por la observancia de los derechos del contribuyente en sus relaciones con el Servicio de Impuestos Internos (SII).

¿Qué opinión le merece el proyecto de reforma tributaria en general?

Como todo proyecto, este tiene aspectos positivos como negativos, otras cosas que no están muy bien logradas junto con otras frente a las cuales uno puede disentir desde un punto de vista ideológico o doctrinal.

¿Cuáles, a su juicio, son los puntos más importantes que contiene el proyecto?

Principalmente son dos: En primer lugar, el fortalecimiento de los derechos del contribuyente, lo que se traduce en una exigencia al SII de actuar en conformidad de ciertos procesos que la ley le va a establecer y, en segundo lugar, la modificación al sistema de tributación de la ley de impuesto a la renta, en cuanto se integra el sistema y permite que el impuesto que paguen las empresas sea utilizado completamente por sus propietarios.

¿Es posible considerar el proyecto como garantista? ¿por qué?

Sí, debido que creo que la mirada que tiene el legislador del actual funcionamiento del sistema es que contempla un procedimiento desequilibrado, un procedimiento en donde el ente fiscalizador tiene muchas facultades y el ejercicio de estas se hace muy discrecionalmente.

Dicho esto, lo que hace este proyecto, de alguna manera, es exigir que el ejercicio de esas facultades se hagan dentro de un determinado marco jurídico y con algunas exigencias propias. Este proyecto no le quita facultades al SII, sino que le exige que el ejercicio de ellas se hagan conforme a ciertos procesos y ciertas competencias. Eso sí, hay algunas partes donde esto es confuso, como cuando habla de fiscalización, de requerimiento; se confunden términos en general, por lo que habrá que pulir las normas. Sin embargo, a fin de cuentas, eso es parte del proceso legislativo.

¿Cuáles son las causas que, a su juicio, hicieron necesario este enfoque?

A mi parecer, considero que la causa no está tanto en el SII, sino que en una inacción por parte de los tribunales de justicia, pues creo que no le han exigido al SII que cumpla con ciertos requisitos básicos que hoy se les exige a los demás entes públicos como, por ejemplo, la motivación de los actos. A fin de cuentas, en muchas ocasiones se dejan pasar conductas que, de alguna manera, atentan contra garantías que en el resto del ordenamiento son efectivamente respetadas.

¿Qué opinión tiene frente a la creación de la figura de la Defensoría del Contribuyente como contrapeso al Servicio de Impuestos Internos?

Mi opinión personal es que es una entidad con poca utilidad, que no tiene mucha incidencia práctica. A mi juicio, es mejor establecer una serie de mecanismos y herramientas jurisdiccionales que permitan que ciertas actuaciones abusivas puedan ser sancionadas a nivel jurisdiccional.

¿Considera usted un acierto el que esta Institución no tenga facultades pararepresentar al contribuyente? ¿por qué?

Sí, considero que la representación de los contribuyentes tiene que estar entregada a los abogados. Nosotros somos los especialistas, quienes nos hemos dedicado a estudiar cómo se representa a las personas y cómo deben aplicarse las leyes en determinados casos. Ahora, si es que del Estado se da una defensoría gratuita para algunos contribuyentes, aquello podría ser una opción, y si es que ese mecanismo se hace a través de la DEDECON, también podría ser una opción.

¿A su parecer, existe algún problema importante que debió haberse intentado solucionar a través de la reforma, pero que no se hizo?

Creo que hoy la reforma perdió una posibilidad en lo relativo a la protección a la tercera edad, sobre todo en lo que es casi un clamor público y que tiene que ver con la posibilidad de desgravar los bienes inmuebles que pertenecen a gente de la tercera edad que tienen un ingreso bastante menguado. Considero que no se le puede estar exigiendo a una persona que tiene un ingreso de quinientos mil pesos que pague contribuciones de bienes raíces por setecientos mil pesos a ochocientos mil pesos de manera trimestral; es una locura.

Octubre 2018

Por Juan Ignacio Johnson