El 18 de octubre del año 2019 se inició el conflicto social más grande que Chile haya vivido desde el retorno a la democracia desafiando el orden político, social y económico. Más tarde, en marzo del año 2020 llegó la pandemia del Covid-19, donde el “modelo”, más allá de cuestionarse, se ha puesto a prueba. Habiéndose cumplido uno de los referéndums más importantes de nuestra historia política, el proceso constituyente al que nos enfrentamos exige que estemos a la altura de las circunstancias. Es por esto que hemos decidido entrevistar a los profesores de nuestra Escuela Alan Bronfman y Juan Pablo Rodríguez para reflexionar sobre el plebiscito y la mirada que debemos tener de cara al futuro debate constitucional.
Ha transcurrido más de un mes desde que un porcentaje mayoritario de votantes chilenos decidió aprobar la redacción de una nueva Constitución. ¿Cómo lee el triunfo del “Apruebo”?
Desde un punto de vista político, como una expresión del deseo de cambio por parte de la ciudadanía, inducido por una mirada crítica hacia problemas económicos, sociales y políticos, mirada creada por agentes políticos interesados en ganar mayor poder político. Se trata, en todo caso de una propuesta ramplona y falsa proveniente de unos agentes políticos incapaces de promover y adoptar decisiones de mediano y largo plazo para abordar problemas complejos que afectan a nuestra ciudadanía en materias tales como previsión, seguridad pública, educación y vivienda, endeudamiento, sistema penitenciario, entre tantos. Ramplona porque es sólo un envoltorio que no contiene nada y falsa pues desde la Constitución no parece posible resolver estos problemas complejos.
Desde un punto de vista jurídico, como el triunfo de una opción en las que las condiciones iniciales del debate no parecen augurar una mejor protección de la libertad o un sistema de gobierno más efectivo.
Varios autores han planteado que lo más sorprendente del resultado electoral no fue el claro triunfo de la opción Apruebo, ni que la participación fuera la más alta desde que se instauró el voto voluntario en 2012. Lo más sorprendente fue que una mayoría abrumadora votó por excluir a los parlamentarios de la instancia constituyente. ¿Cómo lee este descontento hacia la clase política?
El contexto es de una diagnosticada y reconocida apatía. La mitad de los ciudadanos no votaron en el plebiscito y, no obstante, los medios de comunicación celebraron una inédita convocatoria.
A este contexto hay que sumarle una corrupción pública y privada que se renueva sistemáticamente con nuevos escándalos, y una sucesión de malas decisiones políticas que son criticadas desde la izquierda y la derecha, y luego reformuladas y re-reformuladas.
Para mi es claro que los partidos políticos, que tienen un monopolio de la representación, no están ofreciendo una representación de mínima calidad y el sistema electoral vigente –menos que nunca- no permite a los ciudadanos castigar este mal servicio. El descontento es fuerte desde hace ya varios años y tiene sobrados motivos para crecer.
En la Constitución actual, el Tribunal Constitucional es una una de las instituciones que más críticas ha recibido en el último tiempo. Se ha llegado a señalar que sería una especie de “tercera Cámara”. ¿Qué opina sobre esta afirmación?, ¿debería seguir existiendo un Tribunal Constitucional? En caso de ser así ¿qué rol debería jugar este?
La discusión, nuevamente, se plantea en términos incompatibles con el avance del constitucionalismo. Es evidente que deben existir mecanismos y órganos competentes para controlar la constitucionalidad de las leyes. Desde la segunda mitad del siglo XX las democracias no ponen en duda esta necesidad. Por supuesto puede discutirse si esta tarea ha de corresponder a la jurisdicción ordinaria o a una jurisdicción especializada. Esta última tiene una especie de potestad legislativa, la que es clara para la doctrina desde hace cien años y también para quienes han propuesto su introducción en la Constitución (veáse, por ejemplo, la reforma constitucional propuesta por el Presidente Frei en junio de 1965). No se ha inventado todavía una jurisdicción especializada subordinada al poder político y que pueda controlar efectivamente la constitucionalidad de la ley.
El Tribunal Constitucional chileno tiene una forma de elección y unas competencias que si bien están dentro de los modelos europeos existentes, siempre pueden revisarse para atemperar aquellos aspectos de su funcionamiento que algunos consideran inconvenientes. De todos modos, puedo comentar, las críticas y problemas existen en numerosas jurisdicciones constitucionales especializadas y no son fáciles de resolver.
Cuando la discusión se traslada a la supresión del Tribunal Constitucional, entiendo, lo único sensato es suponer que se propone –implícitamente– entregar las competencias de control de constitucionalidad de la ley a todos los jueces o a la Corte Suprema. Dada la actual configuración y competencias de ésta última, no creo viable que esta opción sirva para desarrollar una tutela y una jurisprudencia como la creada por el Tribunal Constitucional, con sus aciertos y desaciertos. Por cierto que otra configuración y competencias hacen viable que la Corte Suprema asuma una responsabilidad central en el control de constitucionalidad de la ley, pero eso es otra discusión.
Por último, no creo prudente, especialmente en el presente, eliminar los controles de constitucionalidad.
A raíz del proceso constituyente en curso, algunos académicos han manifestado la importancia que tiene el territorio para dividir el poder político. Se ha sugerido una nueva división territorial con un número acotado de regiones, con amplias competencias y presupuestos que permitan entregar una cierta autonomía frente a los problemas específicos de cada región. ¿Se debería avanzar hacia un modelo de Estado descentralizado? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este modelo?
Hace algunas semanas nos correspondió participar junto con el profesor Manuel Núñez en un seminario que titulamos “La opción federal”. Es un título que refleja mis ideas sobre la materia. Es un tópico que no aparece en la discusión nacional simplemente porque ella está dominada por los intereses políticos de la región santiaguina. Hay muchas razones para distribuir el poder político en el plano territorial y casi ninguna para defender el centralismo que nos ahoga. El federalismo es descartado con argumentos poco serios, como la experiencia de 1826 (¡1826!), sus costos, la distribución de la población, la falta de personal cualificado para la función pública y otros parecidos. Basta tomar un mapa de Alemania, Suiza o Estados Unidos para comprobar que la introducción del federalismo es perfectamente posible en términos poblacionales, territoriales y culturales. Y si hablamos de dinero, se trata de distribuir el gasto no de aumentarlo. En las regiones tenemos que sufrir los problemas de la región santiaguina como propios y lo cierto es que muchos de ellos no nos atañen. Por cierto que la solidaridad es importante en un estado federal, pero crearla y hacerla operativa es una aproximación muy distinta a diseñar las políticas públicas con ese lente que todo lo distorsiona que es una ciudad sin proporción y llena de dificultades.
Por último y a su parecer, ¿cuáles cree que deberían ser los contenidos básicos de una eventual nueva Constitución? ¿qué elementos mantendría? ¿cuáles modificaría?
La labor docente me lleva a opinar continuamente sobre una buena parte de los ciento y tantos artículos de la Constitución. La mayor parte de las veces, como le pasa a tantos en el oficio, con una mirada critica. En este sentido, es sencillo intentar ordenar dichas críticas y jerarquizarlas, pero creo que al hacerlo estaría dando sustento a una idea política que considero, como dije, ramplona y falsa. Construir un texto constitucional bajo la bandera de “nueva” Constitución no me parece algo que pueda hacerse como un ejercicio de opciones y opiniones personales, bien o mal fundadas. Esta forma de encarar esta tarea no se condice con la seriedad de las cuestiones fundamentales involucradas y de la necesidad de construir un diagnóstico político serio de los problemas reales de la Constitución.
Creo que el camino correcto es analizar la actual Constitución e intentar construir un diagnóstico consensuado acerca de sus problemas. Creo que los tiene, pero no me corresponde a mi –subjetivamente– identificarlos y mucho menos proponer remedios. Si me atrevo a decir algo que es evidente: el régimen político está funcionando muy mal, sin liderazgos ni orientación, y veo difícil su subsistencia sin una reflexión profunda realizada por los titulares del poder con un mínimo de compromiso desinteresado por el futuro del país.
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