
Estando ad portas a la celebración de las próximas elecciones municipales, de gobernadores regionales y de convencionales constituyentes que integrarán la Convención Constitucional y redactarán la Nueva Constitución Política de la República, hemos querido entrevistar a candidatos de profesión abogados para que, desde una perspectiva jurídica, nos ilustren de manera técnica sus propuestas en distintas materias que serán discutidas en la Convención y formarán parte del nuevo texto constitucional.
En su opinión, ¿cuáles cree que deberían ser los principales derechos y deberes fundamentales que se deberían consagrar en la nueva Constitución?.Se espera que en la futura Convención Constitucional temas como el agua, la salud, educación, energía, medio ambiente, entre otros, sean áreas de intenso debate. ¿Considera usted que debería existir un reconocimiento o un mayor desarrollo de estos derechos dentro de la nueva Constitución? ¿O es más bien una materia que debe ser iluminada por principios constitucionales pero desarrollada en extenso por la ley?
Sin duda el mandato democrático ha sido explícito, un 80% de los chilenos y chilenas hemos decidido que queremos una Nueva Constitución y debemos entonces identificar lo que ha motivado esta decisión. Ante ello, estoy convencida que el primer tema a abordar son precisamente los derechos fundamentales, pero no cualquiera, sino que debemos hacernos cargo de los derechos que hoy no tienen completa consagración ni garantía del Estado, los derechos sociales. La mirada debe volcarse a responder desde una perspectiva de Estado Social y Democrático de Derechos, donde los derechos a la salud, educación, pensiones, vivienda digna, medio ambiente, agua, tengan por fin una respuesta desde nuestra Carta Fundamental. Sólo así tendremos leyes que puedan responder y dictarse conforme al mandato que se entregue desde un poder constituyente originario. ¿Por qué razón? Porque esta Constitución debe estar pensada en las personas, desde nuestra dignidad humana y ante ello, debemos promover cada uno de los derechos, los ya consagrados, como los que aún nos encontramos pendientes de concretar y que la sociedad espera.
La Constitución es una de las grandes reguladoras de nuestras instituciones, en relación con ellas, ¿cuáles considera que son fundamentales para el funcionamiento del Estado? ¿Cuáles considera que es necesario crear, modificar o eliminar para lograr un funcionamiento estatal más eficiente?
En primer lugar, si hablamos de Estado, debemos revisar cómo están funcionando nuestros tres poderes que lo conforman – ejecutivo, legislativo y judicial-.. Luego, entonces, cómo los demás órganos colaboran en el resguardo de nuestro sistema estatal. Ante ello, creo que debemos buscar una Constitución que permita recuperar la confianza necesaria para el fortalecimiento de nuestra democracia. Debemos volver a legitimar el poder mediante la representación popular y, sin duda, los convencionales constituyentes serán una pieza clave en este proceso. Lograr compatibilizar nuestro sistema político con las características de nuestra población y territorio. Ante ello, debemos cambiar el sistema presidencial hiper fortalecido que hoy tenemos y dar paso a aquel que permita de una forma más efectiva y eficaz la representación popular. El sistema semi presidencial contribuye a encauzar de una mejor manera la organización del poder y debemos ponerlo en el centro del debate constituyente.
Actualmente en Chile existen los denominados quórums supramayoritarios usados para modificar las leyes orgánicas constitucionales, las leyes de quórum calificado, las que interpretan a la Constitución Política y casos especiales. ¿Considera que deben realizarse cambios en esta materia? ¿Se debería ampliar, reducir o eliminar su aplicación? ¿Cuál es su importancia?
Sin dudarlo, debemos otorgar mayor representación y voz a nuestras mayorías. La democracia consiste precisamente en ello, por lo mismo, debemos eliminar aquellos quorums que terminan entregando mayor poder a las minorías por sobre las mayorías. Eso es un cambio de paradigma que debemos lograr hacer.
En la Constitución actual, el Tribunal Constitucional es una de las instituciones que más críticas ha recibido en el último tiempo. Se ha llegado a señalar que sería una especie de “tercera Cámara”. ¿Qué opina sobre esta afirmación? ¿Debería seguir existiendo un Tribunal Constitucional? En caso de ser así, ¿qué rol debería jugar este? ¿Se le deberían realizar modificaciones? ¿Qué tipo de modificaciones?
Creo que ha sido el propio Tribunal Constitucional quien ha respondido estas críticas. Si revisamos el fallo que resuelve la inconstitucionalidad del llamado proyecto de reforma constitucional que autoriza el segundo retiro excepcional del 10% de los fondos previsionales, podemos advertir la importante reflexión que 5 de sus miembros le realizan a los demás con poder dirimente mediante su Presidenta. Dicho contundente y fundamentado voto minoritario señala expresamente que no puede un órgano de jurisdicción constitucional, en ningún caso, ejercer un control político, toda vez que no tiene dicha atribución, dejando entrever que lo resuelto precisamente se trata de un exceso de facultades. Y esto no puede continuar aceptándose y para ello, si bien estoy por mantener este Tribunal, creo que resulta fundamental reformar su composición y sistema de nombramientos, así como las facultades que se le han entregado, de forma que sea un efectivo garante del nuestra constitucionalidad, y donde el control preventivo deberá limitarse a temas procedimentales o definitivamente revisar si procede.
A raíz del proceso constituyente en curso, algunos académicos han manifestado la importancia que tiene el territorio para dividir el poder político. Se ha sugerido una nueva división territorial con un número acotado de regiones, con amplias competencias y presupuestos que permitan entregar una cierta autonomía frente a los problemas específicos de cada región. ¿Chile debe continuar siendo un Estado unitario como es actualmente o debería cambiar a otras formas de organización regional?, ¿Cuál es el modelo que usted propone y cuáles son sus ventajas y desventajas?
Nuestro Estado unitario puede perfectamente compatibilizarse con un sistema de descentralización concreto que permita otorgar de forma efectiva competencias, atribuciones y presupuesto territorial que oriente a las regiones hacia sus propios objetivos. Dejando atrás esta descentralización de carácter más bien nominal, para dejar en manos de nuestra autoridad regional, la figura de gobernador regional, la decisión y facultades de decidir, coordinar y colaborar con el destino territorial. Debemos avanzar en impuestos territoriales y sin duda, a buscar los lineamientos constitucionales para que concretemos el anhelo de nuestras regiones de no depender de las directrices que se imponen desde la región metropolitana.
El Capítulo V de la actual Constitución regula las actuaciones del Congreso Nacional, ¿Considera usted necesario algún cambio en esta materia? ¿Cree necesario modificar sus atribuciones y/o funcionamiento? ¿Debería mantenerse un Congreso bicameral o transitar hacia uno unicameral?
Sin duda, lo señalaba, la respuesta del sistema político debe ser uno de los puntos más relevantes del debate, la razón, porque a través de ello se ordena el poder, se determina cómo se organiza y da respuesta el Estado a nuestra comunidad. Es decir, tiene una directa relación con la calidad de vida de las personas que habitan el territorio. Ante ello, si hablamos desde la perspectiva de un sistema semipresidencial, vamos a tener cambios relevantes en el rol del Congreso Nacional. Hoy, tenemos un poder legislativo que no tiene amplias competencias en su principal función: dictar leyes. El rol co legislador del Presidente de la República, en la práctica, es mucho más que eso, termina siendo el principal legislador, al establecer en él la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley más relevantes, los tiempos de tramitación de los proyectos, vetos presidenciales, que terminan obstaculizando el rol del parlamento, que es un órgano colegiado, representativo y proporcional a todo el territorio de la República. Debemos entregarles la posibilidad de ser actores más eficaces dentro del sistema político, y la propuesta está en que incidan en las decisiones del programa de gobierno que proponga un primer ministro. Lo anterior, mediante un Congreso Nacional bicameral, pero donde la Cámara sea el principal control político y el Senado, con actuaciones legislativas, pero también de toma de decisiones exclusivas, de forma de que se complementen en sus roles y no, como sucede hoy, donde no se distingue con claridad sus funciones.