Entrevista a Agustín Squella | Candidato a Constituyente por el Distrito 7

Agustín Squella. Abogado, periodista, profesor de Introducción y Filosofía del Derecho, columnista y político de tendencia Liberal Igualitario. Ganador del Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile.

Estando ad portas a la celebración de las próximas elecciones municipales, de gobernadores regionales y de convencionales constituyentes que integrarán la Convención Constitucional y redactarán la Nueva Constitución Política de la República, hemos querido entrevistar a candidatos de profesión abogados para que, desde una perspectiva jurídica, nos ilustren de manera técnica sus propuestas en distintas materias que serán discutidas en la Convención y formarán parte del nuevo texto constitucional.

En su opinión, ¿cuáles cree que deberían ser los principales derechos y deberes fundamentales que se deberían consagrar en la nueva Constitución?.Se espera que en la futura Convención Constitucional temas como el agua, la salud, educación, energía, medio ambiente, entre otros, sean áreas de intenso debate. ¿Considera usted que debería existir un reconocimiento o un mayor desarrollo de estos derechos dentro de la nueva Constitución? ¿O es más bien una materia que debe ser iluminada por principios constitucionales pero desarrollada en extenso por la ley?

Todos los principios y normas de una Constitución, especialmente los primeros, requieren un desarrollo posterior por leyes ordinarias o comunes, políticas públicas de los gobiernos, actos de la administración del Estado, y sentencias judiciales. No hay que ver  lo primero –principios y normas constitucionales- como algo que suple lo segundo, ni esto como algo que puede avanzar de espaldas a lo primero. Veo mucha ansiedad por llevar más y más derecho a la nueva Constitución (“derecho”, digo, no “derechos”), y esa tendencia no augura nada nuevo. Lo que sí hay que llevar a ella son derechos, todos los derechos fundamentales, y no solo aquella clase o generación de los mismos que responda a la doctrina política que suscriba. Los derechos fundamentales, desde que empezó a hablarse de ellos con ese nombre, han tenido un evidente proceso de expansión, y ese proceso tiene que verse reflejado en el nuevo texto constitucional, incluidos, por cierto, los derechos civiles (inspirados en la doctrina liberal), los derechos políticos (con sustento en la teoría democrática), los derechos económicos, sociales y culturales (inspirados a su vez en el socialismo humanista y en el socialcristianismos), los derechos medioambientales (¿cómo no?, y nuevos derechos como el de la  conectividad digital e incluso neuroderechos.

¿Deberes constitucionales? Claro que sí, pero de mucha mayor entidad que los que consagró como tales la Constitución de 1980, que tienen que ver, fundamentalmente, con el respeto a los valores y emblemas patrios. Deber de favorecer el desarrollo integral de todos nuestros ciudadanos; deber de educar y asistir a los hijos menores de edad; deber de cuidado de los hijos respecto de sus padres; deber de participar en las elecciones y votaciones populares (que es también un derecho); deber de adquirir un cierto nivel de enseñanza (que es igualmente un derecho), y, desde luego, deber de pagar impuestos y de no evadirlos ni eludirlos como se hace hoy con bastante descaro.

La Constitución es una de las grandes reguladoras de nuestras instituciones, en relación con ellas, ¿cuáles considera que son fundamentales para el funcionamiento del Estado? ¿Cuáles considera que es necesario crear, modificar o eliminar para lograr un funcionamiento estatal más eficiente?

Habrá que revisarlas todas, tanto en su declaración normativa como en el funcionamiento práctico dentro y fuera de Chile. Necesitaremos revisar nuestra historia y aprovechar también experiencias comparadas en materia de instituciones. Sobre este y otros temas espero que los futuros constituyentes lleguen a la Convención con ideas y planteamientos, pero, a la vez, con disposición a escuchar las de los que piensen distinto. Solo por medio de un prolongado y tranquilo ejercicio de habla y escucha será posible que cada constituyente se forme sus opiniones definitivas y que, llegado el caso, pueda mejorar o incluso rectificar los planteamientos iniciales con que llegó a la Convención. Eso es lo que se llama un proceso colaborativo, porque en muchas materias es totalmente cierta la advertencia del filósofo Gianni Vattimo: no nos ponemos de acuerdo cuando encontramos la verdad, sino que encontramos la verdad cuando nos ponemos de acuerdo.

Lo que no tendría que ocurrir es que cada constituyente llegara a la Convención con su propia nueva Constitución bajo el brazo para echarla a pelear allí con la que trajeran bajo el suyo sus rivales en ideas  políticas.

Actualmente en Chile existen los denominados quórums supramayoritarios usados para modificar las leyes orgánicas constitucionales, las leyes de quórum calificado, las que interpretan a la Constitución Política y casos especiales. ¿Considera que deben realizarse cambios en esta materia? ¿Se debería ampliar, reducir o eliminar su aplicación? ¿Cuál es su importancia?

No más leyes de quórums supramayoritarios, que fueron uno de los amarres más eficaces que dejó trenzado la Constitución de 1980. Regla general: las leyes se aprueban por mayoría simple; y, eventual  y excepcionalmente, algunas que lo sean por mayoría absoluta. Y, desde luego, rebajar el altísimo quórum que estableció la actual Constitución –otro amarre- para  la modificación de sus capítulos principales, que es de 2/3, a simple vista todo un exceso.

En la Constitución actual, el Tribunal Constitucional es una de las instituciones que más críticas ha recibido en el último tiempo. Se ha llegado a señalar que sería una especie de “tercera Cámara”. ¿Qué opina sobre esta afirmación? ¿Debería seguir existiendo un Tribunal Constitucional? En caso de ser así, ¿qué rol debería jugar este? ¿Se le deberían realizar modificaciones? ¿Qué tipo de modificaciones?

Lo que debe existir es control de constitucionalidad de las leyes, mientras que la cuestión del organismo que lo lleve a cabo es secundaria. ¿La Corte Suprema? ¿El Tribunal Constitucional?  ¿Ambos? La discusión está abierta, pero en el caso de que fuera Un Tribunal Constitucional, sin control preventivo de constitucionalidad y, en cuanto a su integración, sin la descarada binominalización en la designación de sus miembros y con un procedimiento que asegure la idoneidad de quienes llegan allí. Muchos defectos de las instituciones, más que de ellas mismas, provienen de la falta de idoneidad de quienes están en ellas.

A raíz del proceso constituyente en curso, algunos académicos han manifestado la importancia que tiene el territorio para dividir el poder político. Se ha sugerido una nueva división territorial con un número acotado de regiones, con amplias competencias y presupuestos que permitan entregar una cierta autonomía frente a los problemas específicos de cada región. ¿Chile debe continuar siendo un Estado unitario como es actualmente o debería cambiar a otras formas de organización regional?, ¿Cuál es el modelo que usted propone y cuáles son sus ventajas y desventajas?

Estado unitario, pero descentralizado, efectivamente descentralizado, con menos poder para el gobierno central y más para los gobiernos regionales y comunales, aunque, y en esos mismos tres niveles, con suficientes controles para que la corrupción no haga de las suyas. En una democracia el poder se organiza por la Constitución, pero también se divide, se limita y se controla. Poderes insuficientemente distribuidos, limitados y controlados son fuente de las peores prácticas. Asimismo, y a nivel comunal, menos poder para los alcaldes y más para los Concejos. No puede ser que los alcaldes repliquen el modelo presidencialista que tenemos a nivel del gobierno central del país. Alcaldes transformados en presidentes de sus comunas se transforman rápidamente en caudillos de estas, con centenares de operadores políticos contratados para estar en terreno y trabajar no por la ciudad, sino por la reelección de los alcaldes que los contrataron.

El Capítulo V de la actual Constitución regula las actuaciones del Congreso Nacional, ¿Considera usted necesario algún cambio en esta materia? ¿Cree necesario modificar sus atribuciones y/o funcionamiento? ¿Debería mantenerse un Congreso bicameral o transitar hacia uno unicameral?

Me inclino por mantener un Congreso bicameral, aunque admito que tiene un tufillo algo anacrónico. El Senado dejó de ser la cámara alta, o por lo menos dejó muchas veces de comportarse como tal. De manera que me gustaría escuchar los argumentos de quienes crean que lo mejor sería un Congreso unicameral. En cualquier caso, simplificaría el proceso de formación de las leyes, sometiéndolo incluso a plazos, y establecería, por supuesto que bien reglamentadas, la iniciativa popular de ley y la revocación del mandato dado a representantes que hubieren incurrido en graves infracciones a los deberes de su cargo. Permítanme decir que, por lo demás, esa sería mi actitud invariable en caso de estar en la Convención: escuchar, dar y oír razones, partiendo de la base de que todos somos falibles y de admitir no que estamos equivocados, pero sí de la posibilidad de estarlo. Si no admites siquiera la posibilidad de estar equivocado  nunca aprenderás nada de los demás.