La exacerbada y grosera ola de violencia que se experimenta en las calles, que no discrimina edad, género, nacionalidad, ni mucho menos clases sociales de sus víctimas – elemento considerable para los efectos de la naturaleza del acto delincuencial –, ha cobrado en 28 días – contados retroactivamente desde la muerte del cabo Palma – la vida de 3 Carabineros. Agentes del Estado que han aceptado, casi como mandato vocacional y de servicio a la Nación, dar cumplimiento a la promesa de mayor trascendencia del Estado Liberal: privar a los particulares del uso de la violencia arbitral para transformarla, mediante las instituciones de Fuerza y Orden de Seguridad, en monopolio legítimo de la fuerza, bajo los criterios que la propia Ley (Estado de Derecho) ha establecido. Inspirado por cierto, en la preservación de la libertad individual, protección de la vida y propiedad y los derechos humanos. 

Los policías muertos y los recientemente agredidos en funciones de servicio, tanto de PDI como en Carabineros, son muestras de un síntoma que el Derecho no ha sabido responder: la excepción, en el sentido herr C. Schmitt. La muerte los encontró en circunstancias de imprevisión de las acciones policiales; hemos llegado a circunstancias tales que antes de evaluar sí ejercer o no las facultades legítimas de la fuerza, las intenciones inhumanizadas de los delincuentes, no dejan espacios para la dicha valoración. Se dispara a diestra y siniestra. Como sí el terror de Hobbes se estuviese modulando en la versión del narcotráfico, sicariato, crimen organizado y, de plano, la maldad del corazón. Así ¿Qué hacer cuando el Derecho no es suficiente? En concreto ¿cómo volver eficientes los protocolos operativos de las fuerzas de orden, lo suficiente para dar protección a sus ejecutores y al interés social que lo inspira: la paz social?

Kevin I. Seals Alfaro

Egresado en Derecho y Minor en Ciencia Políticas por la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago.

Diplomado en Derecho de Familia e Infancia por la Universidad Andrés Bello.

Ayte. de Investigación en la Academia de Derecho Civil por la Universidad Diego Portales.