La ley 21.180 de Transformación digital del Estado, promulgada el año 2019, se encuentra actualmente en un proceso de implementación gradual. Entró en vigencia, al menos nominalmente para buena parte de los órganos de la administración, desde el 9 de junio de este año, 180 días desde la publicación del último reglamento necesario para aplicar la ley. El límite máximo para la implementación de la ley en todos los órganos de la administración del Estado es el 31 de diciembre de 2027.

El detalle en la mención de las fechas anteriores es importante, pues ello da cuenta de la envergadura del cambio que esta ley inserta en el funcionamiento de la administración. A modo de presentación general, la ley tiene por objeto la digitalización de la actuación de la administración, lo que comprende el procedimiento administrativo, el expediente, y las comunicaciones entre distintos órganos de la administración. Además, se agregaron a la ley 19.880 de Bases del Procedimiento Administrativo un conjunto de nuevos principios que servirán para orientar la aplicación de estas reformas.

1. ¿Cuáles son las principales ventajas de la ley? ¿Por qué es importante realizar un cambio institucional de esta magnitud?

La ley tiene por objeto principal modernizar la relación que existe entre la Administración y las personas, suprimiendo aquella noción que entiende a cada órgano y servicio público como un silo separado de los otros y adoptado una visión integral de la Administración. Adicionalmente la ley busca impactar positivamente en el presupuesto (reducción del gasto) y en materia ambiental (reducción del papel y sus insumos relacionados como tinta, impresoras, etc.), aunque ambos aspectos son relativos.

La importancia de la reforma radica en la necesidad de enfrentar los desafíos de una sociedad moderna y tecnológica en donde no solamente el mundo privado se hace cargo del uso intensivo de las nuevas tecnologías sino también la Administración del Estado.

2. ¿Qué antecedentes importantes tiene la transformación digital del Estado? ¿Hay determinadas experiencias que hayan servido de referencia para este proceso?

La idea de la tramitación electrónica no es nueva por cuanto se encontraba presente en la Ley Nº 19.880 desde el 2003. Además, contamos con diversos precedentes a nivel administrativo, por ejemplo, en materia medioambiental, de transparencia, compras públicas, entre otros

A nivel comparado existen varios países que sirven de referentes, así, por ejemplo en Latinoamérica tenemos el caso de Uruguay o de Perú, en tanto, a nivel europeo están los modelos de Estonia y España.

3. Respecto de los principios que se añaden a ley 19.880 de Bases del Procedimiento Administrativo ¿Qué opinión le merecen? ¿Destacaría alguno en particular?

Los nuevos principios que se incorporar a la Ley Nº 19.880 se encuentran vinculados con las exigencias propias de la tramitación electrónica de procedimientos administrativos. Se trata de principios que inspiran la nueva regulación y que serán de gran ayuda al momento de interpretar los aspectos oscuros o dudoso de la reforma.

Buena parte de ellos se encuentran definidos, sin embargo, también se ha optado por no definir aquel que resulta más complejos esto es, el de la neutralidad tecnológica.

Finalmente cabe destacar el principio de interoperabilidad el cual sin duda resulta relevante para las interacciones que se suscitaron entre los órganos de la Administración del Estado entre sí y entre las personas.

4. ¿Cuáles son los cambios más importantes que esta ley introduce en el procedimiento administrativo? ¿Contiene normas para asegurar los derechos de quienes no tengan acceso a plataformas electrónicas?

La reforma plantea un punto de inflexión en relación a la forma de relacionarse con la Administración del Estado, lo cual implica un cambio desde lógica papel a la lógica electrónica. Además, al reforma plantea desafíos en materia de ciberseguridad, notificaciones, protección de datos, inteligencia artificial, entre otros

Por su parte, la norma contiene diversos preceptos cuyo objetivo es asegurar los derechos de las personas que carezcan de los medios tecnológicos, no tenga acceso a medios electrónicos o sólo actuare excepcionalmente a través de ellos, circunstancias que deberán acreditarse ante el órgano respectivo.

5. ¿Qué consecuencias positivas produce que la comunicación entre órganos pase a ser por medios electrónicos? ¿Se limita a una mayor rapidez o también se tiene en mente la transparencia en este punto?

No cabe duda que dentro de las consecuencias positivas de la reforma se plantea una mayor rapidez en las comunicaciones entre los distintos órganos y servicios públicos disminuyendo los tiempo de tramitación de los procedimiento y, además, generando una menor carga burocrática para las personas.

También se espera una mayor transparencia de las actuaciones administrativas tal como ocurre en la actualidad con el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, aunque es un tema que deberá tener en cuenta la naturaleza del procedimiento administrativo.

6. ¿Cuáles son los desafíos más importantes que los órganos han debido enfrentar para poder implementar esta ley? ¿Por qué ha sido un proceso tan complejo?

Sin duda alguna la inexistencia de un órgano encargado de llevar a cabo la ejecución de la reforma es uno de los desafíos más gravitantes de la misma. En este sentido sería importante avanzar en la creación de un servicio (cualquiera sea su denominación) que se haga cargo de apoyar a los distintos órganos en este proceso que recién comienza.

En cuanto a la complejidad cabe señalar que la crisis sanitaria ha sido un factor que ha incidido negativamente en la puesta en marcha de la reforma, ello por cuanto los esfuerzos de la División de Gobierno Digital (la cual ha asumido un rol de impulsor de la reforma), estuvieron avocados en apoyar a los organismos públicos en un contexto de virtualidad, verbigracia firmas electrónicas, clave única, comisaría virtual, etc.

A lo anterior se suma la complejidad de un punto de vista de la coordinación entre servicios, de madurez tecnológica de los órganos, dificultades tecnológicas en las distintas regiones (p. ej. acceso Internet), entre otros factores.