Derecho a la infancia en Chile: Principios normativos de la Convención del niño, niñas y adolescentes y su incorporación en la Ley Nº21.302

Por Karen Arenas Sepúlveda (Estudiante de Derecho de la Universidad Central de Chile).

Considerando que la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente en adelante NNA,  define al niño en su artículo primero como “Todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad1 sitúa al niño, niña y adolescente bajo un enfoque de apreciación, protección y resguardo por el mismo cuerpo legal de carácter amplio, que no solo toma en consideración el aspecto material que los NNA, merecedores de las medidas de protección que se otorgan en el mismo cuerpo normativo, sino que también los hace titulares de derechos, confiriendo la capacidad de tener incidencia en sus propias esferas de afectación.

Encuadrar el derecho a la infancia dentro de un concepto que abarque sus matices de forma material e integrativa, ha mostrado una gran dificultad a lo largo del tiempo, por lo que reviste de suma importancia la comprensión histórica del mismo, que justifique la impostergable reforma orgánica del sistema consagrada en la Ley Nº 21.302, integrando las aristas esenciales que ello engloba. Sin perjuicio de la claridad de los conceptos de la Convención, en la regulación internacional el avance de una consagración universal y homogénea a los derechos referidos a la infancia ha estado sujeta a la importancia que se le da dentro de la sociedad, factor que reviste de una inherente irregularidad histórica dentro de la cual la figura del niño, niña y adolescente relegados como una figura secundaria que ha tenido que adaptar su crecimiento a las circunstancias suscitadas en su entorno.

Esta situación que se vislumbra tan lejana y ajena a lo que temporalmente conocemos en nuestro país, desvela las dificultades de instituciones como el Servicio Nacional de Menores (en adelante SENAME), fuertemente cuestionado a nivel nacional e internacional, dejando entrever que si bien Chile ha ratificado compromisos internacionales en referencia a los niños, niñas y adolescentes la aplicación de ellos no se materializa de manera efectiva, específicamente en la población infantil más vulnerable la cual se encuentra al cuidado del Estado, ya que tal como señala el Comité de los Derechos de la Niñez de las Naciones Unidas en su “Informe de la investigación relacionada en Chile del Comité de los Derechos de la Niñez” del año 20182, el Estado de Chile vulnera y deja en situación de inobservancia la aplicación de las obligaciones lícitamente pactadas en los instrumentos del derecho internacional público. A tenor del informe presentado, las causas principales apuntan a la negligencia y desactualización de las políticas públicas, que afectan gravemente la situación tanto física como mental de los niños, niñas y adolescentes del sistema de protección.

Es por ello que, por medio de una nueva institucionalidad del sistema de protección que busca suplir aquellas aristas vulneratorias con una operatividad diferente, en miras de una adecuación literal en la normativa a criterios internacionales, representa un avance esta materia, aunque tardío e incompleto, ya que si bien separa las competencias, las cuales constituían la base del SENAME y aún no se encuentra reglamentada su institucionalidad orgánica, quedando al debe en materia de reinserción social juvenil; lo que no se condice con la urgencia declarada en los informes señalados por organismos internacionales y dice relación de la poca preocupación estatal por la infancia en la práctica.

Con todo lo anterior y los constantes e inherentes cambios sociales vividos en los últimos años en Chile, los cuales hicieron aún más visibles las debilidades de la institucionalidad en el país, es lo que motiva esta reflexión (con suma preocupación) en torno al derecho e interés superior de la primera fase de nuestra vida: “La infancia”. Siendo esta no tan solo una etapa en la cual adquirimos los primeros conocimientos sino que también es la estructura inicial, sin la cual la sociedad no puede garantizar su crecimiento seguro, con justicia y sana convivencia social.

Siguiendo esa línea y a raíz de los cambios inducidos en materia de infancia en Chile, surge la ley N° 21.302 referente a la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, la cual entra en vigor el primero de octubre del presente año; busca garantizar la protección especializada de niños niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos mediante el diagnóstico especializado, la restitución de derechos, la reparación del daño producido y la prevención de nuevas vulneraciones3. Para ello, la ley considera como ejes centrales dentro del ámbito subjetivo, que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho de especial protección, especialmente en lo referido al derecho a una vida familiar y el derecho a una vida libre de violencia, conforme al principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y del principio de participación efectiva4.

Sus líneas de acción se basan en un diagnóstico especializado, seguimiento de casos y las pericias de estos, así como, las intervenciones de carácter ambulatorio, fortalecimiento y vinculación con el entorno, líneas de cuidado alternativo y adopción.

Para dar cabal cumplimiento a lo antes señalado este Servicio estará a cargo de un director nacional, el cual tendrá su representación legal con las responsabilidades establecidas por la ley, de la mano de un consejo de expertos cuya función será generar recomendaciones al servicio sobre la oferta programática acorde a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, tanto nacional como regionalmente. Esto sumado a un sistema integrado de información, monitoreo y seguimiento en respuesta a las indicaciones señaladas hacia Chile por organismos internacionales para proveer los datos necesarios, para la transparencia y acceso a información que facilite el seguimiento de los usuarios del servicio, posibilitando dar respuesta adecuada según a cada realidad.

Esta nueva institucionalidad está en la mira, ya que su operatividad se atribuye al Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, el cual aún no encuentra su aprobación legislativa, complicando su funcionamiento y materialización de las obligaciones internacionales. 

Es por ello que si bien la actualización del sistema que nos rige en dicha materia es una realidad a causa de las modificaciones a nuestro ordenamiento, estas son tardías y revisten aún de una deuda a un sector etario de nuestra población como son los NNA, asegurando la consagración de obligaciones internacionales a las que nuestro país se encuentra sujeto.

Referencias

1. Convención sobre los Derechos del Niño (20 de noviembre de 1989).

2. Comité de los Derechos del Niño (1 de junio de 2018).

3. Ley 21.302 de 2021.

4. Mejor Niñez (2020). Disponible en: http://mejorninez.cl/. Fecha consulta: 5 de junio de 2021.

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