Por Isadora Catalina Leiva Peña (Estudiante de Derecho – Universidad Alberto Hurtado, Ingeniera en Administración de Empresas de Turismo – Instituto Profesional Vertical)

El derecho al turismo no solo supone el derecho al descanso y al ocio, sino que también conlleva el derecho al goce y uso de los espacios a través del ejercicio del turismo interno. Esto no es algo nuevo, de hecho Italia fue el primer país en constituirlo como una garantía constitucional (1948) y también ha sido incluido en la Constitución de Uruguay y promovido por Ecuador. A su vez, la Organización Mundial del Turismo viene desarrollando el concepto desde 1980, catalogándolo como un derecho de segunda generación.

Siguiendo esta línea, resulta importante que Chile esté a la altura del debate internacional en el futuro proceso constituyente, por lo que a continuación se desarrollarán los elementos más relevantes del derecho al turismo y su vinculación con otros derechos fundamentales.

En primer lugar, este derecho le impone un nuevo límite a los “mega proyectos inmobiliarios”, los que hasta el momento solo han sido limitados y criticados únicamente por afectar la armonía arquitectónica de la ciudad. Sin embargo, la construcción de ese tipo de proyectos es más grave aún, puesto que vulnera el derecho a poder disfrutar de los espacios comunitarios. El derecho al turismo supone una protección de dichos espacios, por lo que la garantía de este derecho trae como consecuencia que este tipo de proyectos ya no sean solo catalogados como “quiebres arquitectónicos” o meras vulneraciones por ruidos molestos, sino como atentados directos a un derecho fundamental.

Este supuesto nos lleva inevitablemente  a vincular el derecho al turismo con el derecho a la vivienda adecuada. Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU); el derecho a una vivienda adecuada incluye siete características esenciales e interrelacionadas. El contenido de este derecho no solo lo integra el acceso a un inmueble, sino también la disponibilidad de servicios, seguridad jurídica, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural. Este último elemento es el que se encuentra más vinculado con el derecho al turismo. La adecuación cultural refiere a que las viviendas deben estar conectadas con la expresión de la identidad cultural de la comunidad. Los esfuerzos para modernizar la vivienda deben adaptarse a las creencias y necesidades de los habitantes.

Aquí es donde el derecho al turismo cobra relevancia como un mandato directo a mejorar los espacios urbanos. Ahora bien, ¿cómo nos afecta esto en la vida cotidiana y por qué debería consagrarse en la nueva Constitución?

Uno de los sectores donde es más urgente su garantía y más visible su vulneración, es la comuna de La Pintana (una de las comunas con mayores problemas de hacinamiento en el país). Como el derecho al turismo no es una garantía, las personas deben limitarse a pasar el tiempo en sus casas o buscar otras localidades donde poder recrearse en sus tiempos libres. Esto, a su vez, genera la saturación de otros espacios e, inherentemente, su contaminación (por ejemplo, Cajón del Maipo). En este sentido, es importante que la garantía constitucional conlleve la limitación del ejercicio del derecho de forma sustentable.

Las personas deben poder disfrutar de sus comunidades, puesto que con ello se eleva su calidad de vida. Así pues, podemos contrastar la realidad de La Pintana con la comuna de Ñuñoa, la cual ha sido reiteradamente catalogada dentro de las comunas con mejor calidad de vida del país. Cuando caminamos por Ñuñoa, podemos disfrutar tanto de la vida bohemia y de las distintas zonas de esparcimiento, pero también de sus calles. Podemos caminar tranquilamente por los callejones de la comuna y disfrutar de la arquitectura de las casas antiguas, de sus parrones y elegir la ruta más agradable para llegar a un determinado atractivo natural, cultural o histórico. Por lo tanto, es posible sostener que los vecinos de la comuna de Ñuñoa, ejercen su derecho al turismo interno, puesto que no se ven limitados a tener que encerrarse en sus hogares o tener que viajar a otras comunas para poder encontrar un lugar de recreación y descanso. 

Es por esto que el derecho a la vivienda adecuada y al turismo están estrechamente vinculados. Además, la consagración del derecho al turismo, también trae como consecuencia el poder manifestarse como una nueva limitación a los proyectos de las industrias extractivas, donde proyectos como Alto Maipo se aprueban bastando con el cumplimiento de los bajísimos estándares de impacto ambiental. Los casos mencionados son solo ejemplos de cómo día a día la población experimenta constantes transgresiones y no tiene los mecanismos jurídicos adecuados para poder defenderse de ellas. Las personas viven con impotencia puesto que su calidad de vida disminuye a causa de la imposición de grandes empresas y no cuentan con herramientas jurídicas que puedan defenderlos de ese deterioro constante, puesto que no son entendidas como vulneraciones a derechos fundamentales.

Por último, cabe señalar que el mundo está viviendo un proceso de cambios donde todos los países deben replantearse el modelo económico imperante. Asimismo, Chile tiene la oportunidad de configurar un nuevo modelo económico y éste debe estar necesariamente encaminado a las industrias sustentables. 

Un modelo económico basado en el desarrollo y protección del turismo es capaz de brindar un crecimiento económico y sustentable al país, al mismo tiempo que protege a las comunidades locales y mejora la calidad de vida de las personas al establecer nuevas exigencias en relación al cuidado de los espacios naturales y urbanos. El turismo embellece las ciudades y eso trae como consecuencia que las personas puedan disfrutar del lugar donde viven, es decir que ejerzan el derecho a la vivienda digna y adecuada. 

En consecuencia, es urgente que nuestro modelo constitucional consagre el derecho al turismo y el derecho a la vivienda adecuada; pero que además, la interpretación de éstos se realice de forma armónica en vinculación con la protección del medio ambiente. El Estado debe poner sus esfuerzos en la generación de espacios comunitarios para lograr generar políticas de urbanismo que respeten las necesidades de las personas y logren conciliar los espacios urbanos y naturales.