Responsabilidad internacional del Estado de Chile por violación a los Derechos Humanos

Por Adriano Ventura Cerisola (Licenciado en Ciencias Jurídicas, Universidad Adolfo Ibáñez)

El día 18 de octubre de 2019 se desató un estallido social sin precedentes producido por una serie de protestas en todo el país, pidiendo el fin del modelo neoliberal chileno, una nueva Constitución Política de la República y la renuncia del Presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, junto a las protestas, se han cometido graves violaciones a  los Derechos Humanos tanto hacia manifestantes como no manifestantes, por parte de agentes del Estado (principalmente Carabineros y FFAA), que han estado a cargo del mantenimiento del orden público durante el estallido social, lo cual constituye responsabilidad penal internacional del Estado de Chile por violación a los Derechos Humanos.

En la madrugada del día 19 de octubre de 2019 y días posteriores y luego de una serie de actos de saqueos, daños e incendios a propiedad pública y privada producidos después del inicio del estallido social, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, y el Jefe de la Defensa Nacional, General Javier Iturriaga, decidieron decretar estado de excepción constitucional de emergencia y toque de queda en casi todo el país, respectivamente, con el propósito de resguardar el orden público y evitar que se siguieran produciendo desmanes en medio del estallido social (1). La declaratoria de estado de emergencia y la consecuente de toque de queda en casi todo el país produjeron que las FFAA salieran a las calles para hacerse cargo del orden público y apoyar la labor de Carabineros y, con ello, se limitaran las libertades de locomoción y de reunión, según el art. 43 inc. 4 de la CPR (2). No obstante, y de acuerdo al art. 19 de la CPR (3), no sólo se limitaron los derechos a la libertad personal y de reunión durante el estado de emergencia y toque de queda, sino que también se vulneraron los derechos constitucionales a la vida y a la integridad física y psíquica de toda persona, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia y a la propiedad privada y la inviolabilidad del hogar, ya que las FFAA y Carabineros en muchos casos excedieron sus facultades y cometieron graves vulneraciones a los Derechos Humanos tanto hacia manifestantes como no manifestantes, tales como muertes, agresiones, detenciones ilegales, abusos sexuales, torturas y apremios ilegítimos, violaciones a los hogares, entre otras, lo que torna en inconstitucional el actuar de las FFAA y Carabineros durante el estado de emergencia y toque de queda, al no respetar lo dispuesto en el art. 43 de la CPR, y constitutivo de violaciones a los Derechos Humanos. Además, y luego del cese del estado de emergencia y del toque de queda, las conductas anteriores y vulneradoras de Derechos Humanos se han ido repitiendo, por parte de Carabineros principalmente, quienes, con el propósito de resguardar el orden público, han seguido cometiendo las mismas vulneraciones a los Derechos Humanos antes descritas al reprimir brutalmente tanto a manifestantes como no manifestantes en las protestas, destacándose, en mayor medida, las lesiones graves gravísimas producidas por el uso de escopetas antidisturbios con balines de metal y la presencia de soda cáustica en los carros lanza aguas, y, en menor medida, asesinatos, agresiones, torturas y apremios ilegítimos, violencia sexual y violaciones (4)

Por un lado, y a nivel internacional, estas graves violaciones a los Derechos Humanos han sido corroboradas por cuatro informes elaborados por Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han elaborado informes sobre la situación de vulneración de los Derechos Humanos durante el estallido social en Chile y han llegado a la conclusión de que en Chile se han vulnerado los Derechos Humanos por parte de agentes del Estado al coincidir en los siguientes puntos: ha habido un mal uso de armas tanto letales como no letales; ha habido un uso excesivo de armamento letal por parte de Carabineros y PDI; se expresa una especial preocupación por una perturbadora cifra de víctimas con traumas oculares; se rechaza la falta de gradualidad, proporción y aviso en el uso de la fuerza; coinciden en el tipo de acciones abusivas que comete Carabineros en situaciones de detención y en la importancia y urgencia de una reforma radical al menos de la institución de Carabineros; ha habido violencia sexual sobre grupos históricamente discriminados (mujeres, niños y niñas y personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+), y ha habido obstrucción de Carabineros a la labor de observadores de Derechos Humanos y a la atención que presta personal médico en el transcurso de las manifestaciones (5). Por otro lado, y a nivel nacional, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tiene un reporte con un total de 3.583 personas heridas, 980 acciones judiciales presentadas y 9.589 personas visitadas en comisarías (30/12/2019), y la Defensoría de la Niñez tiene un reporte con un total de 520 casos de vulneraciones a niños, niñas y adolescentes en total (24/12/2019) (6 & 7).

A nivel regional, se puede perseguir la responsabilidad penal internacional del Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH), la que eventualmente puede derivar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH). En efecto, Chile firmó y ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un tratado que busca el compromiso en el respeto de los derechos y libertades consagrados en dicha convención por parte de los estados americanos y que, con tal objetivo, estableció la CIDH y la Corte IDH, por lo que es Ley de la República en Chile, de acuerdo al art. 54 N°1 de la CPR. Por lo tanto, según los art. 33, 41, 44, 45, 46 N° 1 letras a), b), c) y d) y N° 2 letras a), b) y c) de la Convención Americana de Derechos Humanos, la CIDH sería competente para conocer de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en Chile, ya que el Estado de Chile incumplió su compromiso en el respeto de algunos de los derechos y libertades consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 1), tales como: el derecho a la vida (art. 4); el derecho a la integridad personal (art. 5); el derecho a la libertad personal (art. 7); la protección a la honra y a la dignidad (art. 11), y el derecho a la propiedad privada (art. 21). De acuerdo al art. 46 letras a), b), c) y d), la petición o comunicación ante la CIDH sólo podrá iniciarse en caso de que: se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos; sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva; la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, y en el caso del art. 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petición. Además, según el art. 61, los Estados Partes y la CIDH podrán someter algún asunto a la competencia de la Corte IDH una vez que sean agotados los procedimientos previstos en los art. 48 y 50 y la decisión de la Corte produciría cosa juzgada, de acuerdo al art. 46 N° 1 letra c), por lo que no podría volver a someterse el asunto en otra corte internacional (8).

A nivel mundial, también se puede perseguir la responsabilidad penal internacional del Estado de Chile ante la Corte Penal Internacional (en adelante, CPI). De hecho, Chile también firmó y ratificó el Estatuto de Roma, que también es un tratado y busca que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia y, en ese sentido, establece la CPI con carácter permanente, independiente y vinculada con el sistema de las Naciones Unidas con competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto y complementaria de las jurisdicciones penales nacionales, por lo que también es Ley de la República de Chile, según el art. 54 N° 1 de la CPR. De esta forma, según los art. 12 N° 1 y 2 letras a) y b), 13 letras a), b) y c), 14 N° 1 y 2, 15 N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 29 del Estatuto de Roma, la CPI sería competente para conocer de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en Chile, porque el Estado de Chile cometió delitos de lesa humanidad (art. 7), tales como: asesinato (letra a)); encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional (letra b)); tortura (letra f)); violación […] o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable (letra g)), y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente graves sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Hay que señalar que, de acuerdo al art. 20, la sentencia que dicte la CPI produciría el efecto de cosa juzgada, por lo que no podría volver a someterse el asunto en otra corte internacional (9).

En consecuencia, el Estado de Chile es responsable a nivel internacional por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el estallido social por agentes estatales y puede ser demandado por su responsabilidad penal, ya sea a nivel regional o mundial con los requisitos que ya expusimos, porque firmó y ratificó tratados en los que se comprometió a respetar y cumplir una serie de derechos y libertades fundamentales que fueron vulneradas con su actuar.


Referencias

  1. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Información oficial del Gobierno de Chile con las medidas para enfrentar la situación de emergencia, 20, 2019, 10, p. 1. [visible en internet: https://www.interior.gob.cl/noticias/2019/10/20/informacion-oficial-del-gobierno-de-chile-con-las-medidas-para-enfrentar-la-situacion-de-emergencia/%5D.
  2. Constitución Política de la República de Chile, p. 18.
  3. Ídem, pp. 6-11.
  4. Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile en el contexto de la crisis social (17 octubre-30 noviembre 2019), 23, 2019, 12, pp. 22-51. [visible en internet: https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/1701/Informe%20Final-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y%5D.
  5. El “Nunca Más” que nunca fue: Análisis de los cuatro informe de Derechos Humanos tras el 18O, 20, 2019, 12. [visible en internet: https://ciperchile.cl/2019/12/20/el-nunca-mas-que-nunca-fue-analisis-de-los-cuatro-informes-sobre-derechos-humanos-tras-el-18-o/%5D.
  6. Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Reporte de estadísticas INDH, 30, 2019, 12. [visible en internet: https://www.indh.cl/%5D.
  7. Defensoría de la Niñez. Registro de casos de vulneraciones a los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes, 24, 2019, 12. [visible en internet: https://www.instagram.com/p/B6dLxCBpb0y/?utm_source=ig_web_copy_link%5D.
  8. Organización de Estados Americanos (OEA). Convención Americana sobre Derechos Humanos. [visible en internet: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm%5D.
  9. Organización de Naciones Unidas (ONU). Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. [visible en internet: https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf].

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