Por Adriano Ventura Cerisola (Egresado de Derecho Universidad Adolfo Ibáñez)
Desde que Nicolás Maduro asumió formalmente la presidencia de Venezuela, en abril de 2013, todo el mundo ha sido testigo de una crisis política, económica y social en que está sumida Venezuela desde entonces, la cual se había mantenido dentro de niveles “normales” hasta ahora. En efecto, en los últimos meses de lo que va de este 2019, la crisis institucional venezolana se ha agudizado producto de conflictos políticos internos y externos suscitados en relación al reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, luego de que el Grupo de Lima y la oposición Venezolana desconocieran la legitimidad de las elecciones presidenciales de mayo de 2018 y de que la Asamblea Nacional de Venezuela designara a Juan Guaidó como presidente “encargado” a la espera de que se realicen nuevas elecciones presidenciales y por estar Nicolás Maduro “usurpando” la presidencia venezolana. Sin embargo, el punto más álgido de la agudización de la crisis institucional venezolana se dio con el fallido intento de envío de ayuda humanitaria “a la fuerza” desde Colombia, y la posterior quema de ésta al momento de tratar de ser introducida a Venezuela, y más recientemente con el infructuoso intento de golpe de Estado auspiciado por Juan Guaidó y Leopoldo López en contra del gobierno de Nicolás Maduro, hechos que sólo han provocado más muertes, más inestabilidad política, económica y social y cada vez más lejana la posibilidad de llegar a una salida pacífica y democrática a la crisis venezolana.
Para analizar la crisis institucional venezolana y tratar de buscar una salida pacífica y democrática a esta, lo primero que hay que hacer es dejar de lado todo tipo de sesgo y fanatismo político y no culpar a una ideología en particular por las consecuencias de la crisis, ya que, si bien el gobierno de Nicolás Maduro pueda ser el gestor de la crisis institucional venezolana por una mala gestión de gobierno, sea culpable de ésta por no ser capaz de resolverla y haya sido culpado de cometer violaciones a los DDHH durante la crisis, no podemos culpar a la izquierda como ideología por el actuar de un gobierno en particular que sea afín a dicha ideología política ni tampoco a un solo gobierno en particular, sino que hay que analizar la crisis de forma crítica, amplia y tomando en cuenta todos los actores involucrados y causas al respecto. Además, cabe afirmar que la crisis institucional venezolana se produce dentro de un conflicto internacional en el cual se superponen tanto intereses políticos como económicos en relación a quién tiene control político de Venezuela y a quién explota y comercializa los recursos naturales de ésta, respectivamente, por lo que también hay factores externos que influyen en la crisis institucional de Venezuela.
Teniendo en cuenta lo anterior, considero que lo mejor para salir de la crisis institucional que está sumida Venezuela es que, por un lado, el gobierno de Nicolás Maduro dé un paso al costado y se convoque a nuevas elecciones para salir de la crisis a través de un acuerdo pacífico y democrático, porque la crisis en Venezuela ya no para más, el gobierno de Nicolás Maduro se ha vuelto muy autoritario y ha violado los DDHH de los venezolanos y ha sido incapaz para lograr salir de ella y sólo ha provocado que la crisis empeore, y, por otro lado, que la oposición venezolana desista de llamar a golpes de Estado e intervenciones militares para derrocar el gobierno de Nicolás Maduro y deje de crear más crisis social y política, ya que no ha logrado su objetivo de derrocar a Nicolás Maduro y sólo ha contribuido con agravar la crisis.
En ese sentido, hay que dejar en claro que no se debe dejar a un lado ni al gobierno de Nicolás Maduro ni a la oposición venezolana para llegar a un acuerdo pacífico y democrático para terminar con la crisis institucional, sino que precisamente convocando a un diálogo entre ambos para llegar a dicho acuerdo, ya que, para que se llegue a un acuerdo entre gobierno y oposición para terminar con la crisis, ambas partes deben estar consideradas en el acuerdo y deben hacerse concesiones mutuas que beneficien a ambas partes, para motivarlas a dialogar y a llegar a un acuerdo y para que, en último término, el mayor beneficiado con el acuerdo sea el pueblo venezolano con el término de la crisis.
De esta forma, hay que señalar que la designación de Juan Guaidó como presidente “encargado” de Venezuela y el posterior reconocimiento de éste, por parte del Grupo de Lima y de otros países, y el posterior y fallido intento de envío de ayuda humanitaria “a la fuerza” a Venezuela constituyen una flagrante vulneración a los principios de autodeterminación de los pueblos y de no intervención consagrados en los art. 22.1 y 1.2 y 55 de la Carta de las Naciones Unidas, respectivamente, y sólo han provocado agravar la crisis institucional en vez de solucionarla, por lo que no serían la salida ideal a la crisis venezolana por lo mismo y porque se estaría vulnerando las normas del Derecho Internacional Público. En efecto, Juan Guaidó no tiene la legitimidad para ser designado como presidente “encargado” de Venezuela, ya que no fue elegido democráticamente por el pueblo venezolano y sólo es reconocido por los países del Grupo de Lima y otros países contrarios al gobierno de Nicolás Maduro, y el tratar de introducir ayuda humanitaria “a la fuerza” desafiando al gobierno de Nicolás Maduro, si bien busca un fin humanitario y consiste en una causa noble, vulnera la soberanía de Venezuela al no contar con la aprobación del gobierno venezolano y contribuir con mayor desorden social y político. Así también, cabe señalar que el apoyar una eventual intervención militar en Venezuela o un intento de golpe de Estado (que acaba de ocurrir recientemente) para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, también vulneran los principios de autodeterminación de los pueblos y de no intervención establecidos en los art. 22.1 y 1.2 y 55 de la Carta de las Naciones Unidas, respectivamente, y lo único que provocarían sería el agravamiento de la crisis institucional venezolano y una eventual guerra civil, que sólo traería más muertes e inestabilidad política, económica y social.
Por lo tanto, creo que la solución a la crisis institucional venezolana no pasa por reconocer a Juan Guaidó como presidente “encargado” de Venezuela ni pedir la renuncia o el derrocamiento de Nicolás Maduro para luego convocar a nuevas elecciones presidenciales, sino que debe consistir en una salida pacífica y pactada, en la que dialoguen y participen tanto el gobierno de Nicolás Maduro como la oposición venezolana, en la que participen naciones neutrales como mediadoras y observadoras del proceso y de la cual se logre acodar pacífica y democráticamente lo siguiente: celebración de elecciones libres, transparentes y creíbles, en un plazo de 90 días desde la celebración del acuerdo, para la elección de un nuevo gobierno que busque la salida a la crisis institucional venezolana; permitir la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela para empezar a revertir los efectos de la crisis humanitaria; incentivar el retorno de venezolanos que hayan abandonado el país por la crisis y el reencuentro con sus familias; dejar en libertad y/o amnistiar a presos políticos y permitir que exiliados y perseguidos políticos puedan regresar al país; rebajar las penas a los militares y funcionarios de gobiernos que hayan cometido delitos y violaciones a los DDHH en contra de la población venezolana durante la crisis; permitir la presencia de observadores internacionales en Venezuela que velen por el cumplimiento de un eventual acuerdo de transición pacífica y democrática; llevar a cabo un proceso de verdad y reconciliación nacional a cargo de una comisión para tales efectos, y garantizar el fin a todo tipo de intervencionismo político y económico en Venezuela por parte de otros países.
Esta solución a la crisis venezolana está consagrada en los art. 33.1 de la Carta de las Naciones Unidas y 1 del Tratado Interamericano sobre Buenos Oficios y Mediación de la OEA, y es la misma que propuso el Grupo de Contacto para Venezuela en Uruguay, en febrero de 2019, a través del llamado “Mecanismo de Montevideo” y a la cual se han ofrecido la Unión Europea y los gobiernos de México y Uruguay para mediar en la crisis institucional por el papel neutral que han tenido durante la crisis, además del explícito pedido de Nicolás Maduro a México y Uruguay para que intervengan como mediadores en la crisis institucional venezolana para poder iniciar un posible diálogo con la oposición venezolana.
En consecuencia, considero que la salida ideal a la crisis institucional venezolana debe ser el diálogo pacífico entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana al amparo de las normas y herramientas que el Derecho Internacional Público entrega para estos casos para acordar una transición pacífica y democrática para el establecimiento de un nuevo gobierno y una serie de concesiones adicionales que tengan como finalidad la salida de la crisis institucional en Venezuela. Por el contrario, la salida a la crisis institucional venezolana jamás deberá pasar por una eventual intervención militar en Venezuela o un golpe de Estado (que ya ocurrió recientemente) para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro y/o en el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente “encargado” y pedir la renuncia de Nicolás Maduro a la espera de nuevas elecciones presidenciales, porque todo lo anterior sólo agravará más la crisis institucional venezolana y podría provocar una eventual guerra civil, que sólo traerá más muertes y más desorden político, económico y social en Venezuela.
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